Traducción por Aaron Sánchez-Guerra

La Junta Electoral de Carolina del Norte está tratando de averiguar qué personas se ven afectadas por una decisión judicial la semana pasada que restauró el derecho al voto a miles de residentes de Carolina del Norte. 

El 4 de septiembre, un panel de tres jueces de la Corte Superior dictaminó que a las personas condenadas por delitos graves, o felonies en inglés, no se les puede negar el derecho al voto si han cumplido sus sentencias, excepto para el pago de multas y tarifas. 

La orden, emitida por una mayoría de dos jueces, dijo que basar la restauración del derecho al voto en la capacidad de pagar multas y tarifas viola dos secciones separadas de la constitución estatal, la cláusula de protección igualitaria y la prohibición de calificaciones de propiedad. 

“Obviamente, estoy emocionado y encantado … de que finalmente hayamos roto esta barrera invisible”, dijo Dennis Gaddy, un demandante en el caso. 

Gaddy conoce bien las consecuencias de la privación de derechos. Él fundó la Iniciativa de Éxito Comunitario, o CSI por sus siglas en inglés, para ayudar a las personas a volver a entrar en la sociedad después del encarcelamiento. Cumplió más de cinco años en prisión por delitos financieros. Provenía de una familia muy cívica. 

“Mi madre era muy, muy, muy fuerte con el Partido Demócrata cuando era yo pequeño”, dijo Gaddy. 

Ella trabajó para registrar votantes, mientras que su padre era el presidente de distrito del sitio de votación local. 

“Regresé de la prisión y mientras estaba en cinco años y medio de libertad condicional, o probation en inglés, hubo una elección, la elección del primer presidente negro, y me la perdí”, dijo Gaddy. “Yo sentí el impacto de eso.” 

El tribunal dictaminó que seguir impidiendo que las personas se registren y voten porque debían multas y cuotas constituiría una “pérdida irreparable de sus derechos fundamentales garantizados por la Constitución de Carolina del Norte”. 

La decisión es parte de un caso más amplio, CSI v. Moore, en el que una coalición de grupos de derechos civiles demandó al estado en un empeño por restaurar el derecho al voto de los 55,000 habitantes de Carolina del Norte que fueron condenados por un delito grave pero que no están en prisión. Más bien, están en libertad condicional o en “supervisión posterior a la liberación” después de ser liberados de la prisión. 

Otros aspectos del caso pasarán a juicio, incluyendo si la ley fue redactada con una intención de discriminación racial y si viola la cláusula de elecciones libres de la constitución estatal.

El tribunal desestimó por unanimidad el reclamo de los demandantes de que la ley estatal de privación del derecho a votar violaba las cláusulas de libertad de expresión y reunión. 

Durante la audiencia judicial del 19 de agosto, Daryl Atkinson, codirector del grupo de derechos civiles Forward Justice con sede en Durham y asesor legal que representa a Gaddy y otros demandantes, enfatizó la importancia de las elecciones de este otoño.

Los votantes elegibles, dijo, emitirán votos sobre temas que pueden “literalmente resultar en vida o muerte”. 

Encontrar los posibles votantes  

Para seguir la orden de la corte, la Junta Estatal de Elecciones, o el State Board of Elections en inglés, debe determinar quién califica para poder votar. 

Cuando una persona es condenada por un delito mayor, se notifica a la junta y esa persona es eliminada de las listas de votantes. La junta mantiene una lista actualizada de personas condenadas por delitos graves que no son elegibles para votar. Cuando las personas terminan sus sentencias, salen de esa lista. 

Ahora, la junta está trabajando con el Departamento de Seguridad Pública estatal, o Department of Public Safety en inglés, para encontrar a las personas que están bajo supervisión estatal exclusivamente por debiendo multas y tarifas y asegurarse de que no se les impida registrarse y votar. 

“Carolina del Norte simplemente no tiene buenos datos sobre cuántas personas – excepto por no pagar sus obligaciones financieras legales – se han visto privadas de sus derechos y ahora se han restaurado sus derechos”, dijo Atkinson. 

Sin embargo, el número estaba cerca de 5,000, dijo Atkinson, aunque eso se basa en un análisis de hace varios meses. 

El estado no apelará, los legisladores podrían

En un comunicado de prensa el jueves, el fiscal general Josh Stein anunció que la Junta de Elecciones del estado no apelará el fallo de la corte y que está trabajando para encontrar a las personas afectadas.  

“Una vez que se haya tomado esta determinación, la junta estatal emitirá una guía y proporcionará información, incluidos los formularios de registro de votantes, a las personas afectadas sobre cómo registrarse para votar”, dice el comunicado.  

Ni el comunicado de prensa ni la junta estatal dieron una cronología para encontrar y notificar a estos posibles votantes. 

La fecha límite para registrarse para votar es el 9 de octubre. Si algún votante no cumple con esa fecha límite, puede registrarse y votar simultáneamente en cualquier sitio de votación único en su condado de residencia del 15 al 31 de octubre. Si se registra a tiempo, los votantes también pueden solicitar una boleta por correo. 

La Asamblea General, también nombrada como acusada en el caso legal, no ha anunciado si apelará y no ha respondido a las preguntas para esta nota. Si apela, un tribunal superior podría quitarle nuevamente el derecho de voto a los afectados por el fallo del Tribunal Superior. 

En su disensión, el juez de la Corte Superior John Dunlow, que está asignado a los condados de Franklin, Granville, Person, Vance y Warren, escribió que habría dictaminado a favor en todos los aspectos con los acusados ​​en lugar de esta medida limitada.

Si la decisión se sostiene, afectará a más personas que a las personas a las que se les dio el derecho a votar en las elecciones de este otoño. La decisión no debe considerarse como un “momento estático,” dijo Atkinson. 

“Habrá otras elecciones en el futuro y habrá otras personas que no tendrán la capacidad de pagar sus obligaciones legales y financieras, y el tribunal dijo que esa incapacidad para pagar no será una razón para su continua privación de sus derechos.” dijo Atkinson. “Y eso es importante.”

Jordan Wilkie

Jordan Wilkie is a Report for America corps member and is the lead contributing reporter covering election integrity, open government, and civil liberties for Carolina Public Press. Email jwilkie@carolinapublicpress.org to contact him.