Traducción de Aarón Sánchez-Guerra
Los republicanos de todo el país acudieron a una teoría jurídica no probada para impugnar los cambios en las leyes electorales estatales durante la pandemia del COVID-19 y los resultados posteriores de las elecciones nacionales.
La teoría, denominada la doctrina de legislatura estatal independiente (independent state legislature doctrine en inglés), conferirá más autoridad en las legislaciones estatales para establecer normas para las elecciones federales con menos controles por parte de otros órganos estatales como tribunales o juntas electorales.
Los republicanos de Carolina del Norte utilizaron la teoría, basada en una lectura estricta de la cláusula de elecciones de la Constitución de EE.UU., para desafiar a casi todas las etapas de la gobernanza electoral.
Al final, estos esfuerzos no lograron cambiar los resultados de las elecciones. Pero ellos incendiaron las llamas de un argumento constitucional que podría cambiar la forma en que los Estados crean normas para las elecciones federales.
La cláusula electoral hizo su aparición en las elecciones de Carolina del Norte cuando el orador principal de la Cámara Tim Moore y el líder del Senado estatal Phil Berger demandaron a la Junta de Elecciones estatal en septiembre. La Junta había resuelto una demanda separada, a la espera de la aprobación del tribunal estatal, con un grupo de apoyo democrático que cambiaría temporalmente algunas leyes electorales estatales como permitir que se entregarán las votaciones por correo electrónico.
Moore y Berger alegaron tanto en los tribunales estatales como federales que el la Junta de Elecciones no pudo realmente concertar un acuerdo de ese tipo, y un tribunal estatal no lo pudo ratificar, en parte porque tampoco tenía la autoridad para cambiar las leyes estatales en virtud de la cláusula electoral de la Constitución de los Estados Unidos.
De acuerdo con la interpretación de la Constitución que Moore y Berger presentaron ante el tribunal, sólo el Congreso de los Estados Unidos y los tribunales federales tendrían la facultad de revisar las leyes federales de las elecciones establecidas por las legislaciones estatales, de acuerdo con Rick Su, un profesor de derecho de la Universidad de Carolina del Norte (UNC).
“Para sacar a los tribunales (estatales) de esto sólo porque no les gustó lo que hizo el tribunal en las últimas elecciones, quiero decir que es una revisión al por mayor, en mi opinión, de cómo entendemos no sólo la cláusula electoral, sino cómo generalmente entendemos cómo funcionan los gobiernos estatales y federales”, dijo Su.
Aunque Su también dijo que entendía por qué los republicanos estaban molestos con la solución, utilizando este grave argumento constitucional no era la forma apropiada de buscar remedio, dado que podría tener consecuencias potencialmente significativas para todo el país.
“Esto es peligroso”, dijo Su. “Mi sentido es que están jugando con fuego para resolver una disputa local”.
‘El esfuerzo de represión de votantes’
Las demandas presentadas por Moore y Berger, que se trasladaron a través de todos los tribunales estatales y federales con carácter acelerado, fueron rechazadas, aunque pudieron detener una parte importante de la solución — no utilizando argumentos de cláusulas electorales. Ahora que la elección ha terminado, las demandas han sido retiradas, también.
Pero eso no es cierto en todas partes.
También se negó una demanda similar de Pennsylvania, en la que los republicanos de ese Estado se opusieron a un cambio de regla electoral provocado por el Tribunal Supremo del Estado a la luz de la pandemia, la revisión de emergencia por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos durante las elecciones. Pero a diferencia del caso de Carolina del Norte, la demanda del Estado sigue activa y está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo de aceptarlo o no.
Porque el caso es federal, si el Tribunal Supremo se ocupa del caso, su fallo afectaría a todos los Estados del país.
Incluso después de que se rechazaron las demandas de Moore y Berger, otros republicanos estatales tomaron la prohibición de las elecciones, como lo hicieron los republicanos de todo el país.
Pero si bien las demandas de Berger y Moore se referían al supuesto de que la Junta de Elecciones estatal actuará por sí sola — y no sobre cada partido que intentaba contar más votos — los demás republicanos estatales utilizaron la cláusula electoral como instrumento para impugnar la legitimidad de las elecciones.
Tommy Tucker, miembro republicano de la Junta de Elecciones estatal de cinco personas, hizo referencia a la cláusula electoral cuando votó en contra de certificar las elecciones de Carolina del Norte. No impugnó la exactitud de los resultados, sino la equidad del proceso. No estaba en la junta cuando sus tres miembros democráticos y dos republicanos votaron unánimemente para resolver la demanda.
La delegación republicana de Carolina del Norte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos — Dan Bishop, Ted Budd, Madison Cawthorn, Virginia Foxx, Richard Hudson, Gregory F. Murphy y David Rouzer — remitieron la cláusula electoral en sus objeciones a la certificación del Colegio Electoral el 6 de enero. Emitieron sus votos en contra de las elecciones, los resultados obtenidos por Joe Biden después de la insurrección que provocó el segundo recurso del ex Presidente Donald Trump. Irónicamente, aunque la misma objeción teórica podría haberse aplicado en Carolina del Norte, que Trump ganó con pluralidad, ninguno de ellos objetó los resultados de su propio Estado.
Todos ellos, junto con Mark Walker cuyo mandato terminó el 3 de enero y que anunció una presentación para el Senado en 2022, firmaron un informe legal preguntando al Tribunal Supremo Estados Unidos para bloquear la certificación nacional de las elecciones.
La historia aquí es “pura y simple”, dijo Jason Roberts, profesor de ciencias políticas y presidente asociado en el departamento de la UNC.
“El argumento de ese argumento es que los republicanos controlan un montón de legislaciones estatales, por lo que es un argumento conveniente para promover su interés por los tipos de regímenes electorales que quisieran ver”, dijo Roberts.
En su respuesta a la solicitud de CPP por un comentario, una portavoz de el representate Rouzer envió su declaración pública en apoyo de la interpretación legislativa independiente de la Constitución por qué se opuso a la certificación de los votos de la Escuela Electoral. Ninguno de los demás representantes activos respondió.
Para los defensores de los derechos de voto como Eliza Sween-Becker, abogado del Programa de Democracia en el Brennan Center, un instituto de derecho y política no partidista, los argumentos de cláusulas electorales representaban otro asalto al acceso a las votaciones.
“Esto es parte de un esfuerzo de supresión de votantes de largo plazo”, dijo Sweren-Becker. “Y ahora, creo que estos activistas supresores de voto van tras las protecciones estatales para los votantes.”
Si las alegaciones de la cláusula electoral tuvieran éxito, Sweren-Becker, podrían anular la protección de las constituciones estatales, que a menudo son más amplias que la Constitución federal o las leyes estatales.
Hablando a nivel nacional, Sweren-Becker dijo que las demandas presentadas antes del Día de las Elecciones tenían por objeto hacer más difícil votar, y las que se presentaron después estaban destinadas a anular las elecciones.
Pero para Joseph Kyzer, director de comunicaciones de Moore, su demanda consistía en proteger la legislación bipartidista que ya había tenido en cuenta las dificultades que enfrentarían los funcionarios electorales y los votantes durante la pandemia.
“Los legisladores de Carolina del Norte que participaron en meses de negociaciones para promulgar la Ley electoral bipartidista de 2020 firmada por el gobernador”, Kyzer escribió en un correo electrónico al CPP. “Ese proceso legislativo y sus estatutos debidamente promulgados fueron entonces socavados por las acciones partidistas de la Junta de Elecciones al concertar un acuerdo de solución colusoria con sus aliados democráticos después de que se había iniciado la votación.”
A su vez, la Junta Estatal de Elecciones señaló la decisión del Tribunal de Distrito del Estado en la que se demostraba que su solución no era un producto de la connivencia. La decisión fue confirmada por la apelación de Carolina del Norte y los tribunales supremos.
De litigios a legislación, o no
La Junta de Elecciones estatal es una creación de la legislatura estatal y quienes la creraon la pueden cambiar, según Derek Muller, profesor de derecho de la Universidad de Iowa.
“Cualquier cosa creada por la legislatura, el legislador puede seguir adelante y deshacer, con sujeción a otras limitaciones constitucionales externas”, dijo Muller.
Después de las elecciones de noviembre, los republicanos recogieron tres mares en la Casa Estatal y perdieron uno en el Senado, aunque todavía controlan ambas cámaras. Pero Roy Cooper, el gobernador demócrata, ganó la reelección y puede vetar cualquier proyecto de ley que llegue a su escritorio. Los republicanos no tienen mayoría de veto en la legislatura.
Esto significa que cualquier cambio en la autoridad de la Junta de Elecciones estatal, en el que Kyzer dijo que los republicanos tienen algún interés, tendría que ser aprobados por ambas partes.
“Muchos legisladores estatales y votantes están interesados en la legislación para evitar estos tipos de tratos partidistas por la Junta Estatal de Elecciones”, Kyzer escribió en un correo electrónico. “El Comité de la Cámara de Derecho Electoral y Reforma de Finanzas de la Campaña podría examinar esas propuestas.”
Que Cooper apruebe estos esfuerzos parece improbable. CPP le preguntó a Cooper si estaría dispuesto a trabajar con el legislador para cambiar la autoridad o composición de la junta.
“La Junta de Elecciones ha seguido la ley para garantizar un acceso justo, seguro y seguro a la caja de pelotas para todos los votantes”, Dory MacMillan, secretario de prensa de Cooper, respondió por correo electrónico.
“Si bien es apropiado que los tribunales intercambien interpretaciones y aplicaciones de la ley, el gobernador seguirá oponiéndose a los esfuerzos de los legisladores por reducir la capacidad de la Junta de Elecciones para hacer su trabajo.”
El veto de Cooper probablemente por qué Moore y Berger pulsaron el argumento de la cláusula electoral en el tribunal, dijo Su.
“Esto es como decir: “No vamos a hacer lo que los legisladores hacen porque no creemos que podamos ganar o porque no podemos empujar la forma en que queremos presionar y conseguir un consenso sobre él”, dijo el profesor Su.
En Carolina del Norte, Pennsylvania y Wisconsin, los tres estados con los casos más destacados de cláusulas electorales, el legislador está controlado por los republicanos y el poder ejecutivo por los demócratas.
Esta elección fue probablemente sólo el comienzo de ver argumentos de cláusulas electorales en los años electorales, dijo Muller.
“Creo que estará aquí para quedarse a menos que el Tribunal Supremo los apague”, dijo Muller.
La dinámica particular de la pandemia, en la que los tribunales estatales y los administradores electorales cambiaron repetidas veces las leyes estatales para satisfacer la necesidad del momento, impulsó estas leyes para definir los límites del poder legislativo contra el poder tribunal o ejecutivo sobre la ley federal.
Los republicanos también podrían estar viendo a un tribunal más favorable, según Gregory Wallace, profesor de derecho de la Universidad Campbell.
La última vez que el tribunal resolvió este asunto, en una decisión 5-4 en 2015, decidió que la legislatura estatal independiente que los republicanos estaban adelantando hoy. Pero dos miembros que votaron por mayoría, Anthony Kennedy y Ruth Bader Ginsburg, han recibido respuestas con más justicia conservadora, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, quienes han expresado su apoyo a la interpretación republicana de la cláusula electoral.
“Cuando tengas un cambio en la marca del tribunal, donde tienes justicia abierta a ciertas teorías jurídicas que el tribunal no estaba abierto antes … obviamente vas a tener personas que traen casos que plantean esas teorías”, dijo Wallace.
El recurso, dijo, es poner los casos ante un tribunal de manera oportuna para que una sentencia no violara las normas federales de los tribunales para no intervenir en medio de una elección.
En busca de la buena gobernanza
Cada experto con el que habló la CPP para esta historia dijo que, en los litigios electorales en los Estados Unidos, la motivación siempre se impulsa al menos en parte por la búsqueda del poder, y eso no se limita a un partido político sobre otro.
“En la historia de las batallas por votar en este país, encontrarán que es raro que cualquiera de estos actores tenga motivos puros”, dijo Roberts, profesor de ciencias políticas de la ONU.
“Casi todos los motivos se basan en lo que les ayudará a corto plazo, y ese es sin duda el caso aquí.”
Pero Justin Levitt, profesor de derecho de la escuela de leyes de Loyola Marymount, no está convencido de que los republicanos realmente quieran ganar sus argumentos de las cláusulas electorales.
“No sería la primera vez que la arrogancia y la falta de pensamiento hicieran que un partido político tomara un montón de movimientos que resultaron morderlos en la parte trasera un par de años más abajo de la línea”, dijo Levitt.
Aunque la doctrina legislativa estatal independiente podría ayudar a los republicanos a controlar las normas electorales federales en Estados como Carolina del Norte y Pennsylvania, podría ser más perjudicial para la autoridad nacional del partido.
“Créeme, la tradición y la historia en Nueva York y California dice que, si se desatan, los demócratas no tendrán problemas para averiguar cómo abusar de su poder”, dijo Levitt.
Si no se controla la legislación estatal en la creación de leyes federales de las elecciones por tribunales estatales o ramas ejecutivas, que “refuerzan los peores instintos de las legislaciones democráticas” en esos estados, entonces los argumentos republicanos sobre la cláusula electoral podrían crear 20 nuevos puestos demócratas del Congreso, dijo Levitt.
La doctrina independiente de la legislatura estatal también afectaría al proceso legislativo para las elecciones federales, dijo Levitt. Las elecciones estatales seguirán sujetas a controles constitucionales estatales de las leyes, lo que significa que no habría garantías a largo plazo de que las partes mantendrían el control de las legislaciones estatales que promulgaron sus propias leyes electorales federales.
“Creo que es sumamente miope pensar que sólo porque los republicanos han traído estas demandas particulares en 2020, que una norma que extrae legislaciones de su proceso normal y les da un reinado total sobre el desarrollo de las elecciones para la oficina federal va a ser necesariamente manos de un partido u otro”, dijo Levitt.
Hay demasiados desconocidos para cómo funciona la doctrina en la práctica que no está claro, a nivel nacional, a quien se beneficiaría o durante cuánto tiempo.
Entre lo desconocid se encuentra la forma en que las elecciones se llevarían a cabo en un sistema concebido por la doctrina de la legislatura estatal independiente.
Tener normas diferentes para determinar las leyes estatales y federales de las elecciones podría crear una “incongruencia inusual”, dijo Muller, en la que se crean dos regímenes electorales.
“Podría crear la oportunidad de que los Estados tengan sistemas rivales en los que disponen de un conjunto de normas que rigen sus elecciones federales y de otro conjunto de normas que rigen sus elecciones estatales, lo que creo que podría ser un gran problema que se produzca en lo que respecta a la administración de las elecciones”, dijo Muller.
Usando a Carolina del Norte como ejemplo, si hubieran prevalecido argumentos de cláusulas electorales de Moore y Berger, sólo hubieran afectado las normas para las elecciones federales. Las elecciones estatales todavía habrían obtenido la ampliación de la fecha en que podrían llegar las votaciones por correo, lo que habría creado una pesadilla logística para las juntas electorales del condado, ya que ambas carreras estaban en la misma votación.
Carolina del Norte fue uno de los últimos estados del país en que se produjeron resultados electorales claros y certificar esos resultados tal como fue.
Bob Orr, un juez jubilado y un republicano que se sentó en el Tribunal Supremo del estado durante casi una década, dijo que ve este patrón de litigio para ganar a corto plazo cada elección.
“Cada parte, en diferentes ciclos, obtiene un resultado que no les gusta, o están preocupados por un resultado que no les gusta”, dijo Orr. “Y se encuentran ante el tribunal, tratando de averiguar, ‘¿Cómo puedo cambiar el resultado?’ o ‘¿Cómo puedo ajustar el campo de juego para que haya una mayor probabilidad de que mi lado prevalezca?’”
La gente que conduce estas demandas suele ser políticos que no entienden las consecuencias potenciales de la litigación, dijo Orr.
“Desde una buena perspectiva del gobierno, lo que necesitas son personas que digan: “Qué es un sistema razonable y adecuado de elecciones que sirva al público en general, ni a un partido u otro”, dijo Orr.
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