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Traducción por Aarón Sánchez-Guerra
A medida que los funcionarios estatales expanden los criterios de elegibilidad para la vacuna COVID-19, el sistema penitenciario de Carolina del Norte se está preparando para vacunar a más de 30,000 personas encarceladas y miembros del personal en las prisiones.
Todd Ishee, el comisionado estatal de prisiones, informó a una audiencia legislativa ante el comité conjunto de Justicia y Seguridad Pública de la Cámara y el Senado estatal el 9 de marzo sobre sus planes. Las prisiones recibirán asignaciones de vacunas semanales para permitir que todas las personas en el sistema penitenciario sean vacunadas, dijo.
De acuerdo con el plan original del estado, tanto el personal como los reclusos fueron priorizados en el primer grupo de vacunación, justo después de los trabajadores de atención médica de primera línea. Pero el estado cambió el proceso de lanzamiento de la vacuna dos veces, retrasando las inyecciones para toda la población carcelaria.
Ahora, a medida que el estado abre la fase de vacunación del Grupo 4, que incluye a adultos con alto riesgo de exposición o riesgo de enfermedad grave y personas en viviendas congregadas (dormitorios o albergues, por ejemplo) todos en el sistema penitenciario son elegibles para vacunarse.
“Las prisiones anticipan la asignación de 3.000 primeras dosis y 3.000 segundas dosis del virus Moderna por semana, comenzando en dos semanas, hasta que el personal y los reclusos que deseen vacunarse estén completamente vacunados”, dijo la portavoz de las prisiones Brad Deen a Carolina Public Press. Estas asignaciones están programadas para comenzar la semana del 5 de abril, aunque el Departamento de Seguridad Pública (DPS por sus siglas en inglés), que supervisa las cárceles, ya ha comenzado a vacunar al personal y los reclusos.
Los miembros del personal penitenciario han podido vacunarse desde principios de enero, debido en gran parte a una interpretación de una disposición que los contaba como trabajadores de la salud.
Las personas encarceladas con 65 años o más se hicieron elegibles para la vacunación a finales de enero. Según el DPS, el 70% de los reclusos de 65 a 74 años participaron en el programa de vacunación y el 91% de los reclusos de 75 años o más participaron. No está claro si el nivel de interés será el mismo para la mayoría de la población carcelaria, que es mucho más joven.
Aproximadamente 5.500 miembros del personal penitenciario y casi 3.000 personas encarceladas han sido vacunados al menos parcialmente hasta el 9 de marzo, según datos del DPS. Otros 8.070 miembros del personal y 25.600 personas encarceladas siguen sin vacunarse.
El DPS aún no ha actualizado los datos porque está “trabajando en la conciliación de los datos ingresados en (el Sistema de gestión de vacunas contra el coronavirus)”, que es utilizado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos para rastrear quién ha sido vacunado, según otro portavoz del DPS , John Bull.
Algunas prisiones que funcionan como “centros de distribución”
El DPS gestiona 55 prisiones en Carolina del Norte. Para distribuir las vacunas, el estado designó al Instituto Correccional Alexander, la Prisión Central , el Instituto Correccional Maury y el Instituto Correccional Scotland como “centros de distribución” para recibir dosis de la vacuna.
Desde allí, equipos de enfermeras y personal penitenciario entregan vacunas a otras cárceles. Según Deen, las prisiones distribuyeron 3.000 vacunas en dos días y medio utilizando este método recientemente.
En la asignación de la semana actual, solo tres de los cuatro establecimientos correccionales estaban recibiendo las dosis.
“Hubo un error en la fase de ‘aceptación’ una vez que el DHHS asignó 1,000 dosis de vacuna para la Prisión Central”, dijo Bull. “Trabajamos con el DHHS a principios de esta semana, y Prisiones ya ha recibido 800 dosis de vacuna durante la semana para el centro de vacunación de la Prisión Central”.
El error en cuestión fue que el DPS no respondió a tiempo a una encuesta semanal sobre si querían dosis o no, según Catie Armstrong, asistente de prensa del DHHS.
“Esta semana, no recibimos una respuesta para aceptar su asignación para el Complejo Prisión Central; sin embargo, NCDHHS trabajó con otros proveedores que estaban dispuestos a transferir la vacuna al DPS, lo que les permitió recibir 800 dosis para la Prisión Central”, escribió Armstrong en un correo electrónico a CPP.
Incluso cuando las dosis se ordenan y reciben, vacunar a una población de alta rotación presenta varios desafíos, ya que aproximadamente 1.700 personas fueron liberadas de la prisión cada mes desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia. En un mes típico, aproximadamente 1.300 nuevas personas ingresan al sistema penitenciario.
Dado que la vacuna Moderna requiere dos dosis con un mes de diferencia, algunas personas serán liberadas de sus sentencias antes de recibir una segunda dosis.
En esos casos, el DPS se coordina con los departamentos de salud locales para que esas personas reciban segundas dosis, según Deen.
Es mucho más fácil vacunar a las personas mientras están encarcelados que hacerlo después de ser liberados, según Evan Ashkin, doctor en medicina familiar en UNC Chapel Hill y fundador del programa de Formerly Incarcerated Transition, que conecta a las personas que salen de las prisiones con servicios médicos.
“Además, (la vacuna) los protegería probablemente de propagar el COVID al ser liberados cuando posiblemente regresen a un entorno ya afectado de manera desproporcionada por COVID”, escribió Ashkin en un correo electrónico a CPP.
La vacunación completa también protege a los anteriormente encarcelados de ambientes de mayor riesgo donde el distanciamiento social es un desafío, como una casa de transición o en el hogar de alguien que esté hospedando a personas temporalmente, dijo Ashkin.
No es una medida obligatoria
Aunque existen beneficios de la vacunación tanto para las personas encarceladas como para el sistema penitenciario, las vacunas son voluntarias.
Las encuestas internas del DPS al personal penitenciario inicialmente mostraron que menos del 20% de los miembros del personal penitenciario estaban dispuestos a vacunarse en enero, pero ese número se duplicó con nuevas encuestas posteriores y siguió aumentando. El DPS suspendió esas encuestas, según Deen.
Incluso si un miembro del personal o un preso rechaza la vacuna, sigue estando disponible si esas personas cambian de opinión. DPS está fomentando la participación en la vacuna a través de materiales educativos y un paquete de incentivos para los reclusos, que incluye cinco días libres de la pena de prisión si son elegibles para la liberación, llamadas telefónicas y más visitas.
“Creo que hasta que no tengamos suficientes personas vacunadas, vamos a tener que seguir modificando todas nuestras actividades, los cierres que vemos, todos esos tipo de pasos que estamos tomando seguirán vigentes hasta que conseguimos que se vacune a un número suficiente de personas hasta donde realmente hemos mitigado este virus ”, dijo el Dr. Arthur “Les” Campbell, director médico del sistema penitenciario, en un video del DPS en el que animaba al personal penitenciario a vacunarse.
Un largo camino
A pesar de una tendencia a la baja en los casos de COVID-19 en las prisiones estatales, la pandemia y sus consecuencias no desaparecerán pronto, según Julie Ward, enfermera titulada y candidata al doctorado en salud y políticas públicas en la Universidad Johns Hopkins.
“Desde hace un año, hemos tenido que pensar en la pandemia de COVID-19 como una crisis temporal, pero todos sabemos que el COVID-19 no desaparecerá mágicamente”, dijo Ward. “Entonces, a medida que comenzamos a adquirir las herramientas, como las vacunas, que necesitamos para controlar la pandemia, debemos comenzar a cambiar nuestra forma de pensar hacia el mantenimiento y la prevención”.
Para ella, eso significa pensar en la respuesta COVID-19 como un esfuerzo continuo similar al de otras enfermedades infecciosas o condiciones crónicas prevenibles. Especialmente porque la enfermedad ha afectado a las personas encarceladas y al personal penitenciario más que al resto de la población.
“Descubrimos que, en comparación con el resto de la población de EE. UU., Los casos eran 3,2 veces más frecuentes entre el personal penitenciario y 4,6 veces más frecuentes entre los residentes de la prisión que luego mueren por COVID-19 en tasas tres veces más altas que otras poblaciones de la misma edad”. Ward dijo, refiriéndose a los estudios que dirigió y contribuyó a que examinaron el impacto de COVID-19 a los encarcelados y presos.
Las personas también pueden necesitar refuerzos para mantener la inmunidad contra el virus que causa el COVID-19, especialmente con la proliferación de variantes, según Aaron Littman, subdirector del proyecto de datos de COVID-19 detrás las rejas, operado en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles.
Entre la posible necesidad de refuerzos y la constante rotación de la población carcelaria, las cárceles están considerando una necesidad a largo plazo de mantener las vacunas al día.
“No será posible vacunar a todo el mundo una vez dentro de unas pocas semanas y luego dejar de hacerlo”, dijo Littman.
Si las prisiones dejan de vacunar a las personas o se niegan a ofrecer refuerzos, en caso de que estén disponibles, podría abrir el estado a más litigios, según Littman.
El gobernador Roy Cooper, el DPS y la Comisión de Libertad Condicional resolvieron una demanda sobre las condiciones carcelarias durante la pandemia de COVID-19 el 25 de febrero y acordaron la liberación anticipada de 3.500 personas y la continuación de las medidas para proteger a las personas encarceladas de la propagación del COVID-19.
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