Traducción por Aarón Sánchez-Guerra
La decisión del condado de Jackson de tomar dinero federal dirigido al alivio económico de COVID y gastarlo en cámaras corporales y pistolas de carga eléctrica conocidas como “tasers” para sus agentes del sheriff podría generar controversia.
Pero los funcionarios del condado dicen que es perfectamente legal.
Durante los próximos cinco años, el condado de Jackson planea usar más de $1.2 millones de los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés) de aproximadamente $8.5 millones para comprar 77 cámaras para todo el cuerpo y pistola de carga eléctrica. También buscan comprar 24 cámaras para vehículos fabricadas por Axon, dijo el administrador del condado, Don Adams.
El departamento del tesoro de EE. UU. diseñó ARPA para ayudar a las comunidades a recuperarse de la pandemia, pero no todos los gastos tienen que estar directamente relacionados con el coronavirus y sus impactos.
Además de las cámaras y pistolas de carga eléctrica, el condado también utilizará más de $2.1 millones de sus fondos ARPA para igualar una subvención de la organización sin fines de lucro Dogwood Health Trust para la construcción de un centro de alivio de la violencia doméstica.
Gastos no relacionados con COVID financiados con ARPA
Para que fondos de ARPA se puedan usar para un proyecto, se deben clasificar en uno de cuatro grupos: recuperación de COVID, mejoras de infraestructura, pago de prima y pérdida de ingresos. La categoría de “pérdida de ingresos” es donde las pautas tienen ambigüedad.
“Los estados y las localidades tienen mucha flexibilidad que se incorporó al crear esta pauta sobre la pérdida de ingresos”, afirmó un funcionario del departamento del tesoro de EE.UU. a Carolina Public Press.
“Mientras nos informen de dónde provienen los fondos, tienen un margen de maniobra bastante grande”.
Los gobiernos de los condados, cuyas asignaciones de ARPA fueron determinadas por sus poblaciones, pueden usar el dinero para “pérdida de ingresos”, incluso si en realidad no perdieron ingresos.
El condado de Jackson, por ejemplo, no vio impactos negativos en sus ingresos a causa de la pandemia, señalan los funcionarios del condado. Según la auditoría anual del condado, la posición neta total de Jackson aumentó $12,7 millones y su deuda a largo plazo disminuyó $3,9 millones en el año fiscal 2020-21.
Si los gobiernos locales utilizan el dinero de ayuda para la pérdida de ingresos, pueden transferir hasta $10 millones en fondos ARPA a su presupuesto operativo. Dado que los presupuestos internos están sujetos a un escrutinio federal menor, es por esa avenida que los gobiernos pueden usar el dinero para gastos no relacionados con el COVID.
Es por eso que Jackson puede gastar lo que técnicamente se considera dinero de recuperación pandémica en nuevos equipos para sus agentes policiales.
Comprar armas y tecnologías nuevas para policías o agentes del sheriff con dinero de ARPA es técnicamente legítimo y no es probable que provoque a una auditoría federal.
Pero el asunto podría generar una discusión más profunda sobre si los gobiernos en áreas que no padecieron pérdidas de ingresos mayores por la pandemia deberían solicitar justamente eso, para poder financiar proyectos que no tienen nada que ver con el coronavirus.
“Algunos estados están construyendo prisiones, por ejemplo”, dijo el funcionario del departamento de tesoro. “Hemos dejado en claro, pusimos nuestra regla final, que no creemos que ese sea (en) el espíritu de para qué son estos fondos. … Desde nuestro punto de vista, hay formas mucho mejores de usar este dinero. Pero si están utilizando la pérdida de ingresos, legalmente pueden hacerlo”.
Adams dijo que el condado de Jackson puede atribuir la pérdida de ingresos y usar los fondos de ARPA para fuerzas policiales porque las cámaras y las pistolas de carga eléctrica están relacionadas con la seguridad pública, que el departamento de tesoro considera un uso apropiado para los fondos.
“Las reglas funcionan para cambiar y extender esos fondos (de reemplazo de ingresos) para fines gubernamentales generales”, dijo Adams.
“Incluso las reglas provisionales identifican la seguridad pública como gastos elegibles bajo esa categoría. (Las cámaras) eran una necesidad. Es algo que el sheriff realmente estaba buscando. Es algo que va a ofrecer seguridad”.
La necesidad de cámaras corporales
El condado de Jackson tiene una de los pocos departamentos del sheriff en el oeste de Carolina del Norte que actualmente no tiene cámaras corporales para sus agentes. Los condados Burke, Haywood, McDowell, Swain y Yancey tampoco tienen esos dispositivos, según sus funcionarios.
El informe más reciente de la oficina estatal de investigaciones (SBI, por sus siglas en inglés) mostró que el condado de Jackson tiene una tasa de delincuencia de 3131,9 delitos por cada 100.000 residentes en 2020. Eso es más alto que la tasa de delincuencia del estado de Carolina del Norte, que fue de 2775,5 delitos por cada 100.000 residentes.
“A fin de cuentas, (las cámaras) realmente brindarán seguridad al oficial”, dijo Adams. “Pero también van a proporcionar responsabilidad y seguridad a los ciudadanos”.
La efectividad de las cámaras corporales para reducir el crimen o proteger a los oficiales es cuestionada. Según un estudio publicado en 2020 por el centro de políticas contra el crimen basadas en evidencia de la Universidad George Mason, hay poca evidencia estadística que demuestre que las cámaras corporales afectan el comportamiento de los oficiales o ciudadanos.
El sheriff del condado Chip Hall no respondió a preguntas de Carolina Public Press con respecto a incidentes específicos en los que las cámaras habrían beneficiado al diputado o al ciudadano.
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