El tribunal del condado de Yancey en el municipio Burnsville también alberga el centro de detención del condado. Colby Rabon/Carolina Public Press

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Traducción por Aarón Sánchez-Guerra

El señor Mark Geouge no estaba muy preocupado cuando descubrió que uno de sus compañeros de trabajo en la cárcel del condado de Yancey dio positivo por COVID-19 el 7 de julio de 2020. 

Pero cuando ese caso positivo se convirtió en dos, y dos se convirtieron en cinco, las preocupaciones de Geouge comenzaron a crecer.

“Recuerdo que hablamos sobre (COVID-19) y luego se volvió más real entre que se acercaba”, dijo.

“Nada en el pasado, especialmente desde que estuve (en la cárcel), podría habernos preparado para lo que iba a suceder”.

En total, 10 de los 15 empleados de la oficina del sheriff del condado de Yancey que trabajaban en la cárcel en julio de 2020 contrajeron el virus ese mes, dijo el sheriff Shane Hilliard . Ningunos de los aproximadamente 20 reclusos alojados en la cárcel en ese momento dio positivo por COVID-19. 

El brote de julio de 2020 fue una de las varias razones por las que la administradora del condado de Yancey, Lynn Austin, decidió utilizar los $3,5 millones de los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés) del condado para pagar los salarios de los trabajadores de la cárcel.

Yancey también utilizará el dinero de ayuda federal para pagar los salarios de los empleados de los servicios de emergencia. 

“Pensamos que esas eran las dos áreas más afectadas”, dijo Austin. “Entonces, cuando obtuvimos el dinero de ARPA, pensamos que era una buena manera de usar esos fondos”. 

Lidiando con COVID y operando una cárcel a la vez 

Un brote de COVID-19 entre más de la mitad de los empleados de la cárcel del condado de Yancey fue la cima de las dificultades derivadas de la pandemia para ellos, pero no es la única dificultad que han enfrentado. 

Geouge y el sheriff Hilliard dijeron que los últimos dos años han sido los más desafiantes de sus carreras de décadas en fuerzas policiales.

Lidiar con los cierres y el distanciamiento social no es fácil en un trabajo que se centra en las interacciones con la comunidad más que nada.

El exterior del centro de detención del condado de Yancey se puede ver dentro del complejo del tribunal del municipio de Burnsville. Colby Rabon/Carolina Public Press

“Recientemente recibimos a una reclusa de otro condado, así que fui y la recogí yo mismo y la llevé a la cárcel”, dijo Geouge. 

“Recibí una llamada telefónica tres horas después diciendo que ella se quejaba de síntomas de COVID y luego dio positivo”.

Geouge no contrajo COVID-19 de la reclusa, pero esta situación no fue única, dijo. Ha habido varias ocasiones en las que ha estado expuesto o casi expuesto al COVID-19 en su trabajo.

Un brote de COVID en la cárcel del condado

La primera vez que Geouge se expuso al virus fue durante el brote en julio de 2020. No dio positivo por el virus en ese momento, pero aún así tuvo que ponerse en cuarentena. 

Algunos empleados de la cárcel que no contrajeron COVID-19 pudieron regresar a trabajar después de los períodos de cuarentena apropiados, pero cuando volvieron al trabajo, las cosas se veían diferentes – no había presos que supervisar. 

Inmediatamente después del brote, la oficina del sheriff del condado de Yancey trasladó a todos los reclusos actualmente alojados a otras instalaciones en el oeste de Carolina del Norte, dijo Hilliard. Permanecieron en las cárceles de los condados de Avery, Clay y Haywood hasta que el personal del condado regresó unas tres semanas después. 

Dado que la cárcel estaba sin presos, empleados que no estaban infectados con el virus limpiaron la cárcel a fondo y la desinfectaron.

Durante este tiempo, la oficina del sheriff también instaló un circulador de aire fresco en la sala de control del edificio, en donde al menos dos empleados de la cárcel trabajan en cualquier momento. 

Esto se realizó después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte determinara que la propagación del virus probablemente se debió a la falta de circulación de aire en la habitación. 

“Ese era el peor de los casos para la propagación de COVID”, dijo Hilliard sobre el flujo de aire de la sala de control, “porque no había ningún lugar al que pudiera ir el virus para salir del edificio”.

Aunque trasladar a los reclusos, instalar nuevos dispositivos y desinfectar la cárcel eran trabajos exigentes, Hilliard dijo que tener dos tercios de los trabajadores de la cárcel fuera con COVID tuvo otros efectos en el departamento del sheriff.

“El peso de la preocupación fue duro”, dijo Hilliard, quien en ese momento era el jefe adjunto, el segundo al mando del sheriff.

“Traté de revisar la condición a todos los empleados que tenían COVID todos los días y asegurarme de que tuvieran todo lo que necesitaban y los medicamentos que necesitaban. La carga de preocuparme por si alguien se iba a morir por esto fue difícil”.

Ninguno de los empleados de la cárcel murió por COVID-19. Solo uno se enfermó gravemente por el virus, lo que lo dejó sin trabajo durante aproximadamente un mes, dijo Hilliard. 

Usando fondos de ARPA para los salarios de la cárcel

Después de la presión significativa sobre la oficina del sheriff y la cárcel del condado de Yancey durante los últimos dos años, tener dinero federal de ARPA para pagar 14 de los 16 salarios de los trabajadores de la cárcel es un alivio bienvenido. 

El dinero también pagará los salarios de 15 trabajadores de servicios de emergencia.

“Esto liberará ese dinero para financiar otras cosas localmente”, dijo Austin. 

Una ambulancia de Heritage EMS del condado de Yancey se encuentra en el Hospital Regional Blue Ridge en el municipio Spruce Pine en esta foto del 25 de febrero. El condado de Yancey no tiene su propio hospital. Colby Rabon/Carolina Public Press.

“Cuando buscas fondos (ARPA), quieres ponerlos en un proyecto o hacer algo con ellos que genere ingresos. (La financiación federal) es un trato de una sola vez. No es algo en lo que quieras seguir teniendo que invertir dinero”.

Al 31 de julio de 2021, solamente dos meses después de recibir la primera parte del dinero de ARPA del gobierno federal, el condado de Yancey había gastado aproximadamente $952,000 en salarios del personal. 

Usar los $3.5 millones equivaldría a un salario anual promedio de alrededor de $40,000 para los 29 miembros del personal del condado cuyo salario está cubierto por los fondos. También significaría que el dinero ARPA de Yancey se acabaría en unos tres años. 

Austin dijo que pagar salarios con fondos de ARPA permitirá que el condado use el dinero que normalmente pagaría a esos empleados para otras cosas, como contribuir al proyecto Little Leaf Farms.

Los planes para Little Leaf Farms, una granja de lechuga hidropónica de 96 acres propuesta para ser construida en la comunidad de Micaville de Yancey, han estado en proceso desde 2019. 

Los peatones pasan frente a las tiendas y restaurantes en el centro de Burnsville el 25 de febrero. Colby Rabon / Carolina Public Press

El condado se está asociando con el municipio de Burnsville para extender servicios de agua a la granja, de acuerdo con un informe del Desarrollo Económico del Condado de Yancey de 2021.

“Vamos a tener que pedir un préstamo para eso, por lo que este dinero de ARPA solo compensará eso, y no tendremos que pedir tanto préstamo como pensábamos”, dijo Austin. 

Cuando esté terminada, la granja creará hasta 100 puestos de trabajo y proporcionará un salario promedio de $53,700 dependiendo del puesto, según el Departamento de Comercio de Carolina.

Esa cantidad está muy por encima del ingreso familiar promedio de Yancey, que según los datos del censo es un poco más de $42,000.

Shelby Harris

Shelby Harris a Carolina Public Press staff writer, based in Asheville. Email her at sharris@carolinapublicpress.org to contact her.