Celdas adyacentes en el centro de detención del condado de Catawba en Newton, que estaban siendo renovadas en septiembre. Jordan Wilkie / Carolina Public Press

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Traducción por Aarón Sánchez-Guerra

Nota del editor: este artículo es la parte 3 de la serie de investigación de cuatro partes Raising Jails (Criando Cárceles), que examina cómo y por qué los condados de Carolina del Norte deciden construir cárceles, el impacto de decidir construirlas y los posibles cambios de política que podrían conducir a diferentes resultados. Esta serie se está produciendo en parte gracias al respaldo financiero del Fondo para el Periodismo de Investigación (Fund for Investigative Journalism).

Cuando el sheriff Greg Christopher fue nombrado en 2013, heredó una cárcel del condado de Haywood que ya estaba llena. 

El condado acababa de salir de una recesión, el dinero era poco y no quería pedirle a los comisionados del condado los fondos que habría necesitado para apoyar a la cárcel, dijo. 

En los años posteriores, Christopher trabajó con el condado y una organización sin fines de lucro local para conectar a las personas que salían de la cárcel con viviendas de transición y otros servicios de apoyo, con la esperanza de mantener a la población bajo control. 

Pero para 2020, dos años antes de su jubilación que había planeado, Christopher sintió que el condado necesitaba que expander su cárcel. Fue entonces que se comunicó con la compañía Moseley Architect, con sede en Virginia, para averiguar qué tan grande debería construirla. 

Las empresas de arquitectura como Moseley evalúan si los condados necesitan construir o ampliar cárceles.  

En el condado de Haywood, Moseley presentó una evaluación para construir 145 camas de cárcel nuevas que duren para el condado otros 25 años. La compañía presentó sus hallazgos a los comisionados del condado el 2 de noviembre de 2020.

Los comisionados no han decidido si deben construirla. El condado continúa planéandolo, probando el cimiento y tratando de obtener permiso para construir cerca de la vía férrea. Los costos de construcción hoy se estiman estar alrededor de $20 millones.

Recientemente, Haywood decidió reabrir su anexo de la cárcel para albergar a mujeres. Esto fue un mes después de que el personal del condado le dijo a Carolina Public Press que las instalaciones estaban en malas condiciones.

El sheriff Christopher, el administrador del condado Bryant Morehead y Kevin Ensley, presidente de la comisión del condado, están de acuerdo en que necesitan construir una expansión de la cárcel. 

El presidente de la comisión del condado de Haywood, Kevin Ensley, revisa documentos en su oficina. Colby Rabon / Carolina Public Press

Pero muchos condados pueden reducir el hacinamiento en las cárceles sin expandir las cárceles, dicen tanto los activistas locales como los defensores nacionales. 

Quienes se oponen a la expansión de las cárceles advierten que las evaluaciones de las empresas que se benefician de la construcción de cárceles son inadecuadas. Dicen que esas empresas proponen más crecimiento de las cárceles de lo necesario y están influenciadas por la oportunidad de obtener ganancias. 

Carolina Public Press solicitó evaluaciones de los 46 condados que planeaban agregar celdas a sus cárceles desde 2004 y de todos los condados restantes que actualmente están considerando una expansión.

Además de los 13 condados que respondieron o ya habían publicado sus evaluaciones en línea, 31 no habían respondido a las solicitudes de sus registros antes de la publicación de este artículo, y dos dijeron que los registros no estaban disponibles. Los condados son las únicas agencias públicas que mantienen estos registros.  

A través de estas solicitudes de registros, Carolina Public Press recopiló y revisó 14 evaluaciones de necesidades carcelarias en 13 condados durante los últimos 20 años. De estas 14 evaluaciones, Mosely realizó 11.

Las evaluaciones aplicaron suposiciones anticuadas e inexactas sobre el futuro de la política de justicia penal, además de cálculos que son poco probables que predigan con precisión el tamaño de la cárcel que un condado necesita construir, según varios expertos que revisaron los documentos.

Estos expertos le dijeron a Carolina Public Press que los métodos no solo eran defectuosos, sino que también tendían a favorecer la ampliación de las cárceles o construir otras más grandes, sin considerar reducciones drásticas en las tasas de criminalidad, cambios de población o nuevas leyes y políticas que favorecen menos encarcelamientos.

El negocio de decidir las necesidades de las cárceles

Jasmine Heiss no cree que las firmas de arquitectura que se benefician del diseño de las cárceles sean fuentes creíbles a la hora de decidir si construirlas y de qué tamaño.  

“Decir que también deberían decidir u opinar sobre los tipos de políticas que impulsan o reducen el encarcelamiento en la cárcel parece bastante removido de su experiencia o experiencia real”, dijo Heiss, directora de un proyecto del Instituto Vera para la Justicia (VIJ, por sus siglas en inglés) que desafía el encarcelamiento masivo en comunidades rurales.

Los condados de Carolina del Norte no son los únicos que aceptan el consejo de agentes interesados.

La realización de evaluaciones de las necesidades carcelarias se ha convertido en una práctica a nivel nacional para las empresas que buscan ganar dinero. Después de aprobar los proyectos, los condados suelen contratar a las mismas empresas para diseñar la cárcel. 

Pero a estas empresas solo les toca una parte del negocio. Cuando un condado decide construir, la mayor parte del dinero se destina a la construcción.

Al igual que con Moseley y el diseño de cárceles, algunas empresas se especializan en la construcción de cárceles. Bordeaux Construction, con sede en Raleigh, construyó cárceles en los condados de Bladen, Granville, Orange y Sampson, según su sitio web. Moseley diseñó cada una de ellas.  

Judah Schept, profesor de estudios de justicia en la universidad de Eastern Kentucky (EKU, por sus siglas en inglés) que estudió proyectos de expansión de cárceles en Indiana y Kentucky, vio a firmas de arquitectura realizar evaluaciones que recomendaban grandes expansiones a las cárceles de condados.

Las evaluaciones de necesidades carcelarias mal ejecutadas son una oportunidad perdida, dijo Schept. Muchas veces los condados piensan en construir cárceles cuando sus cárceles actuales se llenan. Una evaluación exhaustiva de las necesidades ayudaría a cada condado a decidir si realmente necesita ampliar la cárcel o si, en cambio, podría cambiar las prácticas que mantienen la cárcel llena.

Cuando un condado construye nuevas adiciones o se expande en lugar de reconsiderar a quién encarcela, el condado está “resignado a continuar con el problema durante al menos las próximas décadas”, dijo Schept.

Las proyecciones inexactas de las necesidades carcelarias de un condado también pueden llevar a los condados a construir cárceles que no necesitan o construir cárceles mucho más grandes de lo necesario, dijo Heiss. 

El gasto tiene efectos en cadena, desde gastar más dólares de los contribuyentes en las cárceles hasta alentar a los condados a entrar en el negocio de hospedar a personas para el gobierno federal, el estado u otros condados a cambio de dinero. 

La construcción de una cárcel cuesta decenas de millones para la construcción, millones más para pagar la deuda contraída para costear el proyecto y decenas de miles año tras año en costos de personal por cada miembro adicional del personal para operar la cárcel más grande. 

La regla de oro 

Wendy Sawyer es directora de investigación de Prison Policy Initiative, una organización sin fines de lucro que examina y está en contra del encarcelamiento masivo. Esta organización tiene una forma rápida de adivinar la calidad de una evaluación de las necesidades carcelarias. 

“Una buena regla general es que si las evaluaciones son de entre 100 y 200 páginas, probablemente estén bastante bien”, dijo Sawyer. “Si son una presentación PowerPoint o de 12 páginas, son malas”.

Estos análisis de cárceles en Carolina del Norte son generalmente breves. Sawyer dijo que los casos que Carolina Public Press identificó “omiten muchas consideraciones importantes”. 

Esas evaluaciones omitieron análisis detallados de quién está en la cárcel, por cuánto tiempo y por qué. Tampoco analizaron el proceso de justicia penal que afecta a la población carcelaria ni analizaron cómo las posibles reformas y la legislación podrían cambiar las perspectivas. 

Lo que sí incluyeron los informes fueron cálculos y suposiciones que son desaprobados por los expertos de la justicia penal. Cada evaluación predijo las necesidades futuras de camas nuevas en las cárceles de un condado al observar las tasas recientes de población carcelaria y compararlas con el crecimiento demográfico proyectado. 

Pero ese no es el método que harían la mayoría de los investigadores que intentan predecir el crimen y el encarcelamiento, según Ruth Wygle, una estudiante de doctorado de la Universidad de Duke que estudia las cárceles y las tasas de encarcelamiento. El enfoque está “muy mal interpretado”, dijo.

Al contrario, una mejor evaluación examinaría quién se está mudando al condado, dijo Wygle, un enfoque respaldado por la Guía de planificación de capacidad carcelaria del Instituto Nacional de Correcciones (NIC, por sus siglas en inglés), una agencia federal dependiente del Departamento de Justicia de EE. UU. Es más probable que una población creciente de 18 a 24 años de edad sea encarcelada a tasas más altas que la creciente población de un condado lleno de gente jubilada.

La guía de planificación también señala que cada cárcel y jurisdicción es única, por lo que cualquier proyección de la cárcel debe ajustarse a los factores locales. Las proyecciones de camas de la cárcel revisadas por Carolina Public Press utilizaron las mismas estimaciones para proyectar las necesidades de las cárceles una y otra vez, a menudo utilizando estimaciones altas para las necesidades de capacidad. 

Moseley Architects ha dominado cada vez más el negocio de evaluación de necesidades y diseño de cárceles en Carolina del Norte en los últimos años. 11 de los 14 informes revisados ​​por Carolina Public Press fueron realizados por Moseley Architects. 

De esos 11, Moseley recibió más tarde el contrato para diseñar ocho de las cárceles y permanece en consideración para otra, en Haywood. Un contrato de diseño en el condado de Cleveland, se fue a una empresa diferente y el condado Duplin decidió no construir.

Los representantes de la empresa Moseley no respondieron a las repetidas preguntas de Carolina Public Press durante varios meses ni a una lista de hallazgos específicos enviada dos semanas antes de la publicación. 

Los análisis de Moseley utilizaron datos proporcionados por cada condado, como la duración promedio de la estadía en la cárcel y los días en que la población carcelaria “alcanzó su cima” o en sus niveles más altos. 

La compañía también observó el proceso de justicia penal desde una perspectiva sistémica, pero lo hizo de una manera que probablemente sugiere la expansión de las cárceles, dijeron expertos independientes a Carolina Public Press. 

En casi todas sus evaluaciones, Moseley incluyó un análisis de la “eficiencia” de los tribunales locales, que calcularon comparando el tiempo promedio que las personas permanecían en la cárcel con las tasas en los condados aledaños. 

Los representantes de Moseley concluyeron que una estadía en una cárcel relativamente corta significaba que los tribunales locales estaban operando de manera eficiente. Lo que los empleados de Moseley querían decir con un funcionamiento “eficiente” de los tribunales sigue sin aclararse.

Todas las evaluaciones incluyeron vocabulario similar que alentaba a los condados a mantener baja la duración promedio de la estadía como una forma de mantener baja la población encarcelada.

Aún así, la afirmación de Moseley ignora los problemas con la forma en que se procesan los casos en los tribunales, según Catherine Grodensky, estudiante de doctorado en la Universidad de Duke cuya investigación incluye la toma de decisiones en los tribunales penales locales que afectan la forma en que procesan los casos. 

“Creo que las empresas de arquitectura se benefician de las debilidades del sistema judicial; pueden surgir soluciones obvias del sistema si se reconocen las ineficiencias de los tribunales”, dijo Grodensky. 

Ella y otros expertos que hablaron con Carolina Public Press sobre las evaluaciones criticaron la idea de que las tendencias del pasado persistirán.

“Creo que estas evaluaciones de necesidades son defectuosas, pero se debe en parte a que suponen que las poblaciones carcelarias pasadas han sido el resultado de un proceso ‘natural’ o ‘inevitable’”, dijo Grodensky. 

Cada evaluación de necesidades carcelarias en Carolina del Norte concluye que cuando aumenta la población del condado, aumentará la población carcelaria. En el condado de Surry, Moseley proyectó que ningún crecimiento de la población significaba que no habría cambios en la población carcelaria. 

Las evaluaciones recientes de Moseley también incluyen una guía que señala que los futuros cambios legales o de políticas probablemente aumentarán la población carcelaria. 

En su informe de 2020 para el condado de Wayne, los representantes de Moseley dijeron: “No sería inusual que estos números aumenten con las revisiones de las leyes actuales, las mejores prácticas de aplicación de la ley o las acciones de los tribunales”. 

“Es una locura decir eso”, dijo Heiss. 

Ese informe asume que todas las decisiones políticas que han aumentado el encarcelamiento, como la criminalización del uso de drogas, son buenas decisiones políticas que deben continuar, dijo.  

Tampoco reconoce las políticas que se están implementando o discutiendo en Carolina del Norte que resultarían en un número significativamente menor de encarcelamientos, como la posible legalización de la marihuana, reformas al código penal o reforma de la fianza. 

Las jurisdicciones locales pueden asumir la responsabilidad de reducir la población carcelaria sin esperar a que los legisladores hagan algo.

Por ejemplo, en 2014 la cárcel del condado de Mecklenburg estaba llena y los funcionarios pensaron que iban a tener que construir otra cárcel.

Pero en cambio, los líderes del condado decidieron no encarcelar a tanta gente antes de las fechas de su audiencia, especialmente por delitos menores que constituyen la mayoría de los casos judiciales. 

Tuvieron tanto éxito que la cárcel ahora opera a la mitad de su capacidad total, ahorrándole al condado cientos de miles de dólares en costos adicionales.

Lo que gobierno no hace, lo hacen las empresas privadas

Al proporcionar evaluaciones carcelarias, las firmas de arquitectura llenarán un vacío en los recursos estatales para orientar a los condados en la planificación de las necesidades carcelarias.

Carolina del Norte comenzó a regular las cárceles a fines de la década de 1960 a través del Departamento de Bienestar Público (DPW, por sus siglas en inglés) que luego se convirtió en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS, por sus siglas en inglés) de hoy, según Amanda Hughett, historiadora y profesora de estudios legales en la Universidad de Illinois Springfield, quien cursó en la Universidad de Duke su investigación de doctorado sobre Carolina del Norte.

La nueva regulación fue parte de una tendencia nacional, que busca profesionalizar el sistema de justicia penal, dijo.

Hasta finales de la década de 1960, las cárceles se “gobernaban de acuerdo con las costumbres locales y los caprichos personales”, dijo Hughett. 

En 1990, Carolina del Norte actualizó esas políticas cuando las personas encarceladas estaban demandando por malas condiciones y violaciones constitucionales de la Octava Enmienda por castigos crueles e inusuales. 

En ese momento, Patrice Roesler, ahora profesor en la Escuela de Gobierno de la UNC, llevaba una década de 40 años de carrera en la Asociación de Comisionados del Condado de Carolina del Norte (NCACC).

Las nuevas regulaciones y la mayor comprensión de la responsabilidad por las malas condiciones carcelarias se produjeron al mismo tiempo que las aseguradoras privadas dejaron de cubrir las instituciones públicas, dijo. 

Roesler obró para crear el grupo de seguros compartidos de los condados que existe hasta el día de hoy. Los condados participantes combinan recursos para crear una cobertura de seguro compartida. 

Al crear este plan hace 30 años, la asociación acudió a Sedgwick, la firma de responsabilidad por riesgos, donde Nelda Leon dirigía el departamento de control de riesgos de la justicia penal.

La firma encontró que las fuerzas policiales representaban el mayor riesgo de responsabilidad para un condado, dijo Leon, impulsado en gran parte por el riesgo que representaban las cárceles. 

En sus respectivas organizaciones, Roesler y Leon desarrollaron herramientas de evaluación de riesgos para las cárceles, incluidas guías prácticas para construir nuevas cárceles, desde involucrar a las partes interesadas de la comunidad hasta decidir qué tan grande se debe construir. 

La NCACC ya no ofrece este servicio, según su portavoz Laurel Edwards, por el aumento de las regulaciones estatales y federales para las cárceles. 

La copia impresa de la guía completa de construcción de cárceles, como la llamó Roesler, probablemente se quemó en un incendio en 2017. La asociación no había actualizado la guía para mantenerse al día con las regulaciones, dijo Edwards. 

En la década de 1990, el estado ofreció becas para que los condados estudiaran las necesidades de sus cárceles, dijo Roesler. Entonces cuando los fondos se agotaron y el guía para la construcción de cárceles se desvaneció, los condados recurrieron a firmas de arquitectura para evaluar sus necesidades.

Mientras aún estaba trabajando en Sedgwick, Leon trabajó con Moseley para hacer algunas evaluaciones de las necesidades de la cárcel, dijo. Luego, ella dejó la empresa de evaluación de riesgos para trabajar en Moseley en 2000.

En su nuevo cargo, Leon ayudó a los condados a decidir si necesitaban nuevas cárceles. Si era así, ella ayudaba a saber cuántas camas probablemente necesitarían. 

Los condados no tenían ningún otro lugar adonde ir, dijo Leon. En ausencia de una evaluación de necesidades, los condados se dirigieron a sus sheriffs y les preguntaron qué tamaño construirían las cárceles, dijo. 

“Esa fue probablemente la peor forma posible de evaluación de necesidades porque el sheriff no lo sabía”, dijo. 

Acaparando el mercado  

Moseley Architects planeó 19 de las 49 cárceles o expansiones en Carolina del Norte desde 2004, según datos del DHHS, que supervisa las condiciones de las cárceles y revisa los planes de arquitectura. Cuatro de esos 49 proyectos finalmente no se completaron. Esto incluye uno de los 19 que Moseley había sido contratado para diseñar.

Ninguna otra empresa tuvo más de ocho contratos en el mismo período, según datos del DHHS. El dominio de Moseley solo se ha solidificado en los últimos años, diseñando ocho de las últimas 10 cárceles desde 2016. 

David Mahoney, alguacil del condado de Transilvania y presidente de la Asociación de Sheriffs de Carolina del Norte, atribuye el extenso negocio de Moseley a buenas críticas y por el boca a boca.

Moseley también es una de las dos firmas de arquitectura que figuran como patrocinador corporativo de 2021 en el sitio web de la asociación de sheriffs y la única firma de arquitectura que se presenta en la conferencia de este año para la Asociación de Administradores de Cárceles de Carolina del Norte (NCJAA).

Los materiales promocionales de Moseley muestran que la compañía trabajó con 26 condados adicionales en renovaciones o construcciones hace 25 años atrás. Esto representa en total más de 8,000 de las 27,500 camas de cárcel del estado.

Leon defendió sus prácticas durante sus 10 años en Moseley y dijo que nunca había oído hablar de una firma de arquitectura que intentara venderle una cárcel a un condado. 

Al contrario, los condados generalmente se acercan a las firmas de arquitectura después de la “etapa crítica”, cuando las cárceles ya están llenas o los inspectores han identificado problemas con las instalaciones.

La solución no siempre es construir una cárcel, dijo Leon. A principios de la década de 2000, le dijo al condado de Johnston que necesitaba un programa de alternativas a la cárcel, no una nueva cárcel. El condado no decidió construir una nueva cárcel hasta 2019, según los registros del DHHS.

La evaluación de Leon en 2003 en el condado de Sampson incluyó algunos detalles que se han perdido en los informes de Moseley desde que se fue, como dividir a las poblaciones carcelarias por nivel de seguridad y género. Los informes recientes de Moseley no están firmados, como los de Leon.

“Realicé esos estudios independientemente de cualquier influencia o presión por parte de la firma de arquitectos y, a menudo, encontré que el pronóstico que hicimos proyectaba menos camas carcelarias de las que un sheriff podría desear”, dijo Leon. “No es ético hacer lo contrario”.

La metodología que utilizó Leon sigue siendo la base de los informes de Moseley en la actualidad.

Pero cuando Sawyer revisó algunos de los informes, notó lugares en los que encontró que las conclusiones eran contradictorias con otros datos del informe y tenían gráficos poco claros. Ella dijo que los informes generales carecían de análisis en relación con el contexto local o el sistema de justicia en general, según los apuntes que dió a Carolina Public Press.

“Los autores no se han involucrado en ningún análisis de políticas, prácticas o tendencias específicas del estado, condado o ciudad; simplemente asumen que cualquier cambio resultará en más arrestos o admisiones, en lugar de menos, cuando la política a nivel nacional en realidad está cambiando hacia reacciones menos punitivas y menos encarcelamientos injustificados”, dijo específicamente sobre la evaluación de Moseley en el condado de Wayne.

Sawyer también cuestionó que el posible diseñador de la cárcel evalúe la necesidad de una cárcel más grande.

“Involucrar a un experto sin intereses económicos en la decisión de ampliar o no la cárcel, pero cuyo enfoque está únicamente en la eficiencia, seguridad y eficacia del sistema, sin duda produciría diferentes análisis, propuestas y resultados”, dijo Sawyer.

Aclaración: Este artículo ha sido actualizado con respecto al número de condados que expandieron sus camas en las cárceles desde 2004. La actualización se produce como resultado de nueva información que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (DHHS) proporcionó después de la publicación inicial del artículo. La información anterior del DHHS había incluido cuatro condados adicionales. Pero la nueva información del DHHS muestra que estos condados solo habían planeado construir y finalmente no completaron sus proyectos. Un condado que decidió no construir fue uno de los que contrataron a Moseley Architects para diseñar su cárcel.

Jordan Wilkie

Jordan Wilkie is a Report for America corps member and is the lead contributing reporter covering election integrity, open government, and civil liberties for Carolina Public Press. Email jwilkie@carolinapublicpress.org to contact him.