El sheriff del condado de Bladen, James A. McVicker, sigue al administrador de la cárcel, David Shaw, a la nueva cárcel del condado de Bladen el 6 de octubre en Elizabethtown. Melissa Sue Gerrits / Carolina Public Press

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Traducción por Aarón Sánchez-Guerra

Nota del editor: este artículo es la parte 3 de la serie de investigación de cuatro partes Raising Jails (Criando Cárceles), que examina cómo y por qué los condados de Carolina del Norte deciden construir cárceles, el impacto de decidir construirlas y los posibles cambios de política que podrían conducir a diferentes resultados. Esta serie se está produciendo en parte gracias al respaldo financiero del Fondo para el Periodismo de Investigación (Fund for Investigative Journalism).

James McVicker, el sheriff del condado de Bladen, asumió el cargo justo cuando el condado estaba construyendo su nuevo y esperado centro de detención.

El personal de esa cárcel dice que es “como entrar en un castillo”. La instalación de 230 camas que se inauguró en 2017 reemplazó a la instalación de 79 camas construida en 1965 que había estado decrépita durante años. 

Aunque la antigua instalación estaba superpoblada, ahora hay menos gente tras las rejas que en años anteriores, como resultado de nuevas políticas de Bladen que determinan a quién encarcelan durante la pandemia de COVID-19.

Bladen está llenando muchas de sus celdas vacías con gente de otros condados, del gobierno estatal o federal. Como resultado, dos de cada tres personas alojadas en el condado de Bladen provienen de una jurisdicción diferente. 

Este intercambio de camas de cárcel para pago no es exclusivo al condado de Bladen.

La mayoría de los condados de Carolina del Norte generan ingresos llenando camas con personas que fueron detenidas por otros municipios, o el gobierno estatal o federal. Pero Bladen tiene una de las proporciones más altas de reclusos externos en relación a reclusos locales.

Sus reclusos externos provienen principalmente del Servicio de Alguaciles de EE.UU. (USMS, por sus siglas en inglés.)

En el año fiscal más reciente, los condados de Carolina del Norte generaron más de $81 millones por retener a personas de otras jurisdicciones. Los contratos del USMS proporcionaron la mayor fuente de ingresos. 

Pero esos millones no son ganancias.

Los fondos pueden compensar el costo de administrar una cárcel o el costo de construir una. Pero si los condados no tienen cuidado con sus cálculos, pueden gastar más para mantener a personas de otras jurisdicciones en su cárcel de lo que ganan con los pagos a cambio. 

Las decisiones de albergar a los presos federales y estatales pueden tener un papel importante en la forma en que los líderes del condado deciden si deben ampliar sus cárceles o reemplazarlas con unas más grandes. Es posible que los funcionarios del condado no siempre tengan una comprensión clara de los mayores riesgos y costos cuando cuentan con un flujo constante de reclusos externos.

Ganando su dinero

Las cárceles del condado pueden albergar personas para el gobierno federal, ya sea a través del USMS o a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés.

Los requisitos federales son más estrictos que los de otros condados o el estado. Por ejemplo, los presos federales tienen que estar colocados en una parte diferente de la cárcel. Pero a cambio, el gobierno federal también les paga mejor. 

El USMS utiliza una herramienta de cotización para crear contratos con los condados. De acuerdo con los contratos, la estimación representa lo que le costaría a diario para un condado albergar a alguien en una cárcel.

En el contrato típico, el USMS paga $65 por persona por día, pero paga hasta $160 en Mecklenburg, que alberga a más detenidos federales que cualquier otro condado de Carolina del Norte, según el Departamento de Justicia de EE. UU.

La legislatura creó el Programa Estatal de Confinamiento por Delitos Menores (Statewide Misdemeanant Confinement Program) en 2011 para reducir el hacinamiento en las prisiones por medio de mandar a personas condenadas por delitos menores a las cárceles del condado en lugar de las prisiones estatales. Este programa paga una tarifa fija de $40 por día por cada preso a todos los condados.

El programa estatal pagó $9.2 millones a los condados en el año fiscal 2021, una caída mayor en comparación a años anteriores, debido a que menos personas fueron tramitadas por el sistema judicial. El programa pagó $15.5 millones el año anterior y $19 millones antes de la pandemia en 2018.

El condado de Transylvania retuvo a 25 de estas personas a través del Programa de Confinamiento por Delitos Menores hasta que llegó el COVID-19. El sheriff David Mahoney escogió no participar hasta que la pandemia estuviera bajo control. 

“Siempre que tengas una buena comunicación con las agencias para las que estás alojando (reclusos), realmente no puedo pensar en muchos inconvenientes”, dijo Mahoney. 

“El único inconveniente es que ciertamente expones, tal vez tu agencia, tu condado, a alguna responsabilidad que de otro modo no tendrías porque tienes a alguien guardado en tu cárcel”. 

Mahoney es el presidente y ex presidente inmediato de la Asociación de Sheriffs de Carolina del Norte, a la que el estado paga $1 millón por año para administrar el Programa Estatal de Confinamiento por Delitos Menores. El programa ofrece una fuente adicional de mano de obra a los condados participantes al poner a los participantes a trabajar recogiendo basura en las carreteras y ayudando a limpiar cárceles u operar lavanderías. 

Sin embargo, la recompensa de este empeño no está libre de riesgos. Si los sheriffs deciden retener personas para otras jurisdicciones, deben hacerlo de manera responsable, dijo Mahoney.

Los condados que experimentan situaciones problemáticas con reclusos estatales o federales podrían encontrar que esa fuente de ingresos esperada se está agotando. 

El sheriff James McVicker explica los muchos usos de la cocina de la nueva cárcel del condado de Bladen el 6 de octubre en Elizabethtown. Melissa Sue Gerrits / Carolina Public Press

McVicker, un fuerte defensor de alojar de los presos federales, dijo que si una cárcel no funciona lo suficientemente bien, el gobierno federal podría cancelar su contrato. 

“Sé que algunas cárceles tuvieron varios problemas y tuvieron fugitivos”, dijo McVicker. “La gente federal sacó a su gente de allí. Demasiado riesgo”.

Por su parte,  McVicker piensa que eso significa que el programa federal hace que las cárceles sean más cuidadosas con la gestión de la calidad de sus instalaciones.

Además de los dólares federales, las cárceles pueden encontrar otra posible fuente de ingresos al albergar a detenidos de otros condados que carecen del espacio necesario para sus propias poblaciones.

Hasta 2007, el condado de Sampson superó su capacidad carcelaria y pagó a otros condados para que retuvieran a algunos de sus reclusos. Luego, con una nueva cárcel de 252 camas, el condado de Sampson revirtió la relación y contrató a seis de sus vecinos para albergar a sus presos, según los documentos que proporcionó el condado.

Las tarifas, negociadas con cada condado, se aproximan a 50 dólares por día.

El condado de Pitt está explorando un método más creativo. Pitt tiene una unidad de 96 camas que el condado renovó en 2014, pero no se ha utilizado desde entonces, según el jefe de detención Lim Capehart. El condado no tiene los 20 miembros adicionales del personal que se necesitarían para operar esa sección, dijo. 

Los funcionarios del condado buscan alquilar el espacio. Otro condado usaría la instalación con su propio personal y sus propios presos, dijo Capehart. 

Durante la pandemia, los condados han recibido una fuente de ingresos inesperada, aunque no ha sido totalmente bienvenida.

El sistema penitenciario estatal se ralentizó o dejó de aceptar prisioneros de las cárceles después de la condena para ayudar a detener la propagación del COVID-19. Según el estado, más del 80% de los casos en las cárceles durante la ola de la variante delta provinieron de las cárceles, dijo el portavoz de las prisiones estatales Brad Deen.

Este cambio en la política creó una acumulación de presos estatales en las cárceles del condado. Según la ley estatal, por cada día que un condado retiene a un preso estatal, el estado tiene que pagar $40. Desde febrero de 2020, el estado ha pagado a los condados $14 millones, pero muchos administradores se quejaron de que el atraso empeoraba el hacinamiento en sus cárceles.

Incluso en épocas no pandémicas, los condados pueden ganar dinero a través de “retenciones de menores”. 

Debido a cambios recientes en la ley, las prisiones y las cárceles no pueden alojar a niños de hasta 18 años con adultos.

Sin embargo, las cárceles para adultos pueden retener brevemente a los niños después del arresto mientras esperan ser trasladados a un centro para menores, siempre que se mantengan alejados de los adultos. Eso requiere camas extras.

El estado tiene 12 centros de detención de menores, lo que significa que algunos condados necesitan transportar a los niños arrestados a lugares a varias horas de distancia.

El administrador de la cárcel del condado de Surry, Randy Shelton, dijo que tiene la intención de usar algunas de las camas que pronto se construirán en el condado para retenciones de menores y retener a presos por delitos menores nuevamente. Pero esa idea no ha sido aprobada por los comisionados del condado. 

¿Se suman las ganancias? 

Aunque muchas fuentes de ingresos pueden llegar a un condado, el resultado neto puede no ser tan lucrativo como parece. 

La nueva cárcel del condado de Bladen está construida como el radio de una bicicleta: con una sala de control en el centro y unidades que salen en línea recta. Fue diseñada para requerir que pocos miembros del personal supervisen a muchos reclusos, dijo McVicker. 

Por cada detenido del condado de Bladen, la instalación alberga a dos detenidos fuera de su jurisdicción.

El condado afirma haber ganado más de $3 millones con su contrato solo con el USMS, que pagó $75 por detenido durante los últimos dos años. 

Pero las estimaciones del condado de cuánto ganan alquilando camas en las cárceles necesitan una consideración cuidadosa, según Jacob Kang-Brown, investigador del Instituto Vera para la Justicia (VIJ, por sus siglas en inglés). La organización trabaja para revertir el encarcelamiento masivo. 

Los ingresos que generan los condados al albergar a personas de otras jurisdicciones a menudo crean un ciclo de retroalimentación que sirve para aumentar los presupuestos y la capacidad de los sheriffs, dijo Kang-Brown.  

Ese parece ser el caso en Bladen, que utilizó fondos federales para contratar a ocho nuevos agentes de detención y un trabajador de mantenimiento. También compró dos camionetas de transporte y subsidió tanto el costo del mantenimiento como la deuda anual de la construcción de la cárcel, según la directora financiera de Bladen, Lisa Coleman. 

Todo eso suma aproximadamente $68 por preso federal por día, según las cifras del año fiscal 2021. Eso significa que Bladen ganó alrededor de $7 en ingresos netos por preso federal por día. 

Después de subsidiar los costos de la cárcel, quedaron $215,000 para que los asignaran los comisionados del condado, según Coleman. Ese dinero regresó directamente a la cárcel.

Resulta que la estimación de Bladen no tuvo en cuenta completamente el costo de albergar a los presos federales. 

En comparación, el condado de Haywood calcula un gasto de $101.26 por día en su cárcel, según un documento proporcionado por el comandante del centro de detención Glen Matayabas. 

Los costos del condado de Orange están cerca de $120, según la directora del Departamento de Recursos de Justicia Criminal del condado, Caitlin Fenhagen.

Las estimaciones de gastos varían en parte porque los condados a menudo no son muy buenos para calcular los verdaderos costos de encarcelar a las personas, dijo Kang-Brown.

El condado de Bladen construyó su cárcel basándose en una evaluación de Moseley Architects, una destacada firma de arquitectura con sede en Virginia que diseña cárceles. 

La evaluación predijo que el condado necesitaría todas sus camas para sus propios presos durante los próximos 30 a 40 años, 

El condado también se endeudó y tenía plan de pagarlo con el fondo general del condado. Dos años después de la apertura de la cárcel, Bladen comenzó a alojar presos para el USMS.

Los ingresos federales son una ventaja  financieramente, no una necesidad, dijeron los funcionarios del condado. 

“Ayuda a todos”, dijo McVicker. “No tiene nada de malo”. 

Los empleados de la oficina del sheriff trabajan en una oficina adjunta al área de reserva y retención de la nueva cárcel del condado de Bladen el 6 de octubre en Elizabethtown. Melissa Sue Gerrits / Carolina Public Press

El próximo año, Bladen va a mover el dinero y utilizar los dólares de los presos federales para pagar toda su deuda anual de la construcción de la cárcel, que es de $947,720.05 anualmente hasta 2059, según Coleman. 

Después de pagar los intereses y las deudas, le costará a Bladen 38 millones de dólares para un proyecto de construcción de menos de 20 millones de dólares, según Coleman, para una cárcel que tiene menos reclusos del condado que la previa que reemplazó.

Resistiendo el encanto de las “ganancias”

Los condados suelen gastar entre 20 y 30 millones de dólares para construir una cárcel, según los datos proporcionados por la Comisión de Gobierno Local (LGC por sus siglas en inglés), parte de la oficina del tesorero del estado.

Muy pocos condados tienen ese tipo de dinero efectivo disponible. Por eso la mayoría de ellos tienen que asumir deudas que saldan en un par de décadas. 

A pesar de la atracción de las ganancias percibidas que podrían compensar los altos costos de construcción, partes únicas del sistema del estado evitan que los condados financien cárceles más grandes a través de una estrategia comercial de encarcelar por efectivo.

La LGC, establecida por la legislatura estatal en 1931, revisa los planes financieros de los condados antes de que puedan realizar inversiones mayores. La comisión no piensa que encarcelar a reclusos externos sea un plan confiable a largo plazo para pagar las deudas de la cárcel, según el personal de LGC. 

Esa limitación puede evitar que los condados de Carolina del Norte hagan inversiones imprudentes en cárceles de gran tamaño. Por ejemplo, en 2009, el condado de Franklin estaba considerando construir una nueva cárcel. El condado estaba considerando una expansión más barata de 224 camas o una instalación de 331 camas que se utilizaría para albergar a las personas del USMS, según el personal de LGC y los apuntes de la comisión de esa época. 

Después de revisar las finanzas, la LGC rechazó el plan para una construcción más grande y le dijo al condado que construyera una cárcel más pequeña. 

Las intervenciones de la LGC pueden proteger los condados de futuros peligros económicos. Los condados que estudia Kang-Brown, en particular los de Kentucky, han perdido ingresos y han creado situaciones financieras aún más precarias al construir cárceles que ya no pueden pagar. 

Sin embargo, la LGC solo se opone a que los condados encarcelen a reclusos externos como un ingreso para su estrategia de financiación anticipada. Los condados pueden citar otras formas de pagar la deuda cuando buscan la aprobación de LGC, incluso cuando los sheriffs y los comisionados del condado les aseguran a sus constituyentes que planean usar los ingresos de reclusos externos para aliviar la carga de la deuda.

Pero otros funcionarios, como el administrador del condado de Surry, Chris Knopf, ven el riesgo de contar con posibilidades futuras. El condado decidió no intentar utilizar a reclusos federales o presos de otros condados para financiar algunos de los costos de construcción de su nueva cárcel de 43 millones de dólares que se abrirá en 2022, él dijo. La instalación también incluirá un nuevo centro de comunicaciones 911 y una oficina del magistrado. 

El problema de hacer planes basados ​​en alojar personas para otras jurisdicciones es que no es una fuente de ingresos garantizada, dijo Knopf. 

Él vió su alrededor en los otros condados que estaban construyendo cárceles y decidió que aunque ahora hay una demanda de expansiones carcelarias, la oferta será mucho mayor en uno o dos años.

Los contratos con los federales u otros condados suelen durar un par de años como máximo.

Depender de los contratos de encarcelamiento para pagar las facturas es una apuesta arriesgada, según Jasmine Heiss, directora de una iniciativa del Instituto Vera que se opone a las expansiones de las cárceles rurales.  

“Hay un peligro de vincular la planificación económica o las decisiones financieras de tu comunidad a la suposición de que el número de personas en detención federal aumentará o se quedará igual”, dijo Heiss. 

Aunque los condados tienen que demostrar a la LGC que pueden pagar la construcción de la cárcel sin fondos de alojar a reclusos externos, eso arreglos aún pueden representar un riesgo financiero para un condado. 

Trabajadores en el área de reserva y retención de la cárcel del condado de Bladen en Elizabethtown el 6 de octubre. Melissa Sue Gerrits / Carolina Public Press

El condado de Bladen tendría que asumir una mayor parte de su deuda carcelaria con dólares de los contribuyentes. A escala individual, nueve puestos de personal dependen de los fondos del contrato del USMS, además de las horas extra que ganan los oficiales transportando a los presos federales.

Si el condado pierde el contrato del USMS, o incluso si la agencia envía menos reclusos federales a Bladen, las horas extra podrían agotarse y sus trabajos podrían ponerse en riesgo. 

Recibir un pago por albergar a personas de otras jurisdicciones también tiene un costo moral, dijo Heiss. 

“Al repetir la idea de que el encarcelamiento es una industria buena y limpia para los condados, existe un tipo de acuerdo implícito de que las políticas que alimentan ese sistema también tienen sentido y deben perdurar”, dijo Heiss.

Es un secreto a voces basado en décadas de investigación que el encarcelamiento masivo no reduce el crimen ni el consumo de drogas

Hay investigaciones que muestran que el encarcelamiento innecesario en realidad puede aumentar el crimen, según Jessie Smith, directora del Laboratorio de Innovación de Justicia Criminal en la Universidad de Carolina del Norte. 

Jamie Edwards, el administrador de datos de Surry para sus programas de intervención por uso de sustancias dijo que el equilibrio entre el encarcelamiento y los servicios sociales está desequilibrado en los EE.UU.

“En el trabajo de justicia penal, hay que tener un nivel igual de servicios de rehabilitación y sanciones punitivas”, dijo Edwards. “Lo sabemos desde hace 50 años”.

A nivel nacional, los latinos y los afroamericanos están encarcelados de manera desproporcionada en cárceles, prisiones estatales, detenciones federales y prisiones y por el USMS, a través del cual se convierten en fuentes de ingresos cuando se encuentran en cárceles locales.

Aunque Carolina del Norte ha reducido sus disparidades raciales en el encarcelamiento en las cárceles, las cárceles aún encarcelan a la gente negra tres veces más que a los blancos, según los datos que el Insituto Vera recopiló del Departamento de Justicia. 

El hacinamiento 

A pesar de los ingresos, los condados no han estado contentos con la acumulación de prisioneros estatales durante la pandemia. La cárcel del condado de Surry ha estado superpoblada desde 2018. El retraso acumulado en septiembre de las 27 personas que esperaban ser transferidas a la prisión pudo haber aportado $2,280 al condado, pero empeoró el hacinamiento de la cárcel. 

En la parte antigua de la cárcel, construida en 1974, 12 personas duermen en celdas que son para ocho personas, dijo el administrador de la cárcel Shelton. En las partes más nuevas construidas en 2004, el condado tiene hasta 30 personas durmiendo en dormitorios para 16, dijo Shelton.

Parte del problema del hacinamiento en las cárceles de todo el estado puede provenir de los prisioneros estatales alojados en las instalaciones del condado. 

Un informe de Disability Rights North Carolina este año encontró que las cárceles albergaban a personas para el estado incluso cuando las cárceles estaban superpobladas. DRNC es una de las agencias de “protección y defensa” que la ley federal requiere en cada estado para proteger los derechos de las personas con discapacidades.

“Luego de una extensa revisión de los registros públicos, el personal de DRNC descubrió que desde 2018-2020, 49 condados recibieron más de $4.2 millones colectivamente para albergar y transportar a gente sentenciada por delitos menores durante meses en los que sus instalaciones estaban en más del 100% capacidad”, decía el informe. 

David Mahoney, el sheriff del condado de Transylvania, dijo en octubre que no sabía sobre el informe o que desde 2017-19, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS, por sus siglas en inglés) multó a 14 instalaciones en varios condados por violar las regulaciones estatales contra el hacinamiento, incluso cuando todavía albergaban presos para el programa de delitos menores, de acuerdo con el informe de DRNC.

“Si alguien aceptara intencionalmente a más reclusos de los que su capacidad le permitiría con seguridad, obviamente creo que todos dirían que ese es el problema”, dijo Mahoney. 

El hacinamiento pone en mayor riesgo tanto al personal como a las personas encarceladas, dijo Luke Woollard, abogado de derechos de los discapacitados. Esto agrava la escasez de personal y estira los recursos como la atención médica que ya está limitada. 

La ley estatal requiere que los condados envíen informes mensuales de capacidad al DHHS, como parte de la supervisión estatal de las condiciones de la cárcel.

El DHHS advierte a los condados cuando están superpoblados o no cumplen con las regulaciones, pero tiene poco poder para aplicar la ley, dijo Woollard. 

Aún así, Mahoney dijo que no tiene conocimiento de ninguna forma en que la asociación de sheriffs pueda monitorear el hacinamiento. 

El DHHS puede cerrar las cárceles en su totalidad o en parte, como hizo la agencia en el condado de Nash en 2019, pero Woollard llamó a esa opción “nuclear” que rara vez se usa. 

En el análisis de las cárceles superpobladas que albergan a presos del programa de delitos menores, Woollard sugirió que la asociación de sheriffs use los informes de capacidad para saber qué condados albergan a personas a pesar de estar superpobladas. 

Eddie Caldwell, consejero general de la asociación de sheriffs, dijo que la asociación no recibe información sobre los recuentos de cabezas de cárceles del condado, pero señaló: “Si la información sobre el recuento de personas encarceladas del condado es un registro público, la asociación podría recibirla”.

Caldwell dijo que la asociación de sheriffs está siguiendo la ley al operar el programa de delitos menores.

Una serie de otros factores, como las tasas de arrestos, las decisiones de fianza y las sentencias, también afectan a las poblaciones carcelarias. Esos factores pueden variar mucho de un día a otro, de una semana a otra, en los fines de semana, de un mes a otro o en función de un gran evento como una redada antidroga, o un gran concierto o un “fin de semana de carreras”, dijo Caldwell. 

Pero esos picos en la población carcelaria no tienen en cuenta cómo algunos condados que participan en el programa de confinamiento por delitos menores han estado crónicamente sobrepoblados durante años, como muestra el informe de DRNC.

Los sheriffs tienen el mayor control sobre la cantidad de personas que albergan en otros condados, pero tienen menos control directo sobre el volumen y la cantidad de personas enviadas de los tribunales de su propia jurisdicción.

Aun así, académicos y sheriffs de Carolina del Norte describieron la importante libertad de acción de los sheriffs para trabajar en todo el sistema de justicia penal para controlar la cantidad de personas en sus cárceles.

Esto incluye la posibilidad de trabajar con magistrados, jueces y fiscales para liberar a muchos delincuentes de bajo riesgo bajo fianza o por su propia cuenta. Los sheriffs también pueden priorizar la vigilancia de los delitos más graves para que menos personas que no necesitan estar en la cárcel terminen allí.

A fin de cuentas, el estándar de cómo se administra una cárcel lo determinan las personas que eligen como sheriffs, dijo Mahoney. 

“La comunidad debe informar a su funcionario electo, estas son nuestras expectativas”, dijo Mahoney. “El funcionario electo necesita escuchar eso y actuar de manera apropiada.

Aclaración: Una sección del artículo que trata sobre el margen de maniobra que tienen los sheriffs para determinar cuántas personas terminan en sus cárceles se ha revisado y ampliado ligeramente después de la publicación inicial, con el fin de proporcionar una mayor claridad.

Jordan Wilkie

Jordan Wilkie is a Report for America corps member and is the lead contributing reporter covering election integrity, open government, and civil liberties for Carolina Public Press. Email jwilkie@carolinapublicpress.org to contact him.