Desde la izquierda, Kathy Greggs, Serena Johnson y Paul Taylor protestan el 5 de octubre frente al Palacio de Justicia del Condado de Cumberland en Fayetteville, exigiendo que el condado deje de desalojar a la gente de sus hogares. Ellos ven las reformas de la justicia penal vinculadas a otros cambios de política social y abogan por que el dinero que se gasta actualmente en la cárcel se reinvierte en viviendas públicas o programas de intervención contra la violencia. Jordan Wilkie / Carolina Public Press

Every day, our journalism dismantles barriers and shines a light on the critical overlooked and under-reported issues important to all North Carolinians.

Traducción por Aarón Sánchez-Guerra

Nota del editor: este artículo es la parte 2 de la serie de investigación de cuatro partes Raising Jails (Criando Cárceles), que examina cómo y por qué los condados de Carolina del Norte deciden construir cárceles, el impacto de decidir construir y los posibles cambios de política que podrían conducir a diferentes resultados. Esta serie se está produciendo en parte gracias al respaldo financiero del Fondo para el Periodismo de Investigación (Fund for Investigative Journalism).

En 2014, Kathy Greggs regresó a su hogar en el condado de Cumberland. 

Ella acababa de ser dada de alta médicamente del ejército cuando un amigo la convenció de que comenzara a hacer trabajo voluntariado, dijo. Comenzó a trabajar con albergues para mujeres en riesgo de quedarse sin hogar, con sobrevivientes de violencia doméstica y de agresión sexual. 

Greggs es una sobreviviente de la violencia, dentro y fuera de la militar. Sus experiencias la motivaron a hacer el trabajo que realiza hoy, dijo ella. 

A través de su trabajo Greggs se dió cuenta de la conexión entre lo que vio en los albergues  y lo que ella y otros defensores llaman un sistema roto de encarcelamiento masivo. 

La conexión la llevó a cofundar el grupo de trabajo comunitario de responsabilidad policial de Fayetteville, o el Fayetteville Police Accountability Community Taskforce en inglés. Su organización impulsa a los funcionarios locales, desde jueces hasta sheriffs y fiscales de distrito, para encontrar mejores soluciones para la responsabilidad policial y la supervisión de la justicia penal.

Por siete meses, su organización fue parte de una coalición de grupos comunitarios que presionan para cambiar la forma en que los tribunales deciden liberar a las personas de la cárcel, dijo. 

“Estamos dando más fondos a una cárcel superpoblada, pero no vamos a sacar a la gente de la cárcel”, dijo Greggs. “Ese es el problema.”

Los defensores de la reforma estiman que el condado gasta $62.50 por día por persona encarcelada, por un costo diario aproximado de $28,000, incluso durante la pandemia. En épocas no pandémicas, la población carcelaria promedio del condado es aproximadamente 200 personas más. Greggs dice que ese dinero se utilizaría mejor yendo a albergues para personas sin hogar o programas de intervención para casos de violencia doméstica.

A principios de octubre, el juez superior del tribunal superior del condado publicó una nueva política que prohíbe el uso de la fianza en delitos menores de bajo nivel y otras instancias en las que la seguridad pública no se ve amenazada por el delito. Esa medida fue aplaudida por Greggs como un paso en la dirección correcta.  

Una reforma como esa en el condado de Cumberland está ocurriendo en todo Carolina del Norte, pero de manera desigual. Los pedidos para un cambio también están teniendo un impacto desigual en las decisiones del condado sobre el dinero gastado en cárceles más grandes.

Encontrando alternativas

Carolina del Norte encarcela a las personas a tasas más altas que nunca, una decisión que tiene poco que ver con el crimen, cuyas tasas han desplomado desde el cambio de siglo. 

Según una investigación realizada en 2015 por el Brennan Center, un instituto de leyes y políticas no partidista, la disminución de la delincuencia se comprende poco, pero probablemente esté impulsada por el crecimiento de los ingresos y el envejecimiento de la población. La vigilancia policial severa y el encarcelamiento tuvieron un efecto limitado en la reducción de las tasas de criminalidad antes de 2000 y ningún efecto desde entonces, según el informe.

Durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, los condados brevemente trabajaron para liberar a personas de las cárceles que no eran amenazas a la seguridad pública. La medida mostró la posibilidad de menos encarcelamiento, incluso en épocas no pandémicas, sin causar más delitos. 

Pero cuando los temores de COVID-19 disminuyeron a principios de 2021, las sesiones de la corte volvieron. Muchos condados volvieron a tomar decisiones más normales sobre a quién tienen en la cárcel, y las poblaciones carcelarias se aumentaron y se mantuvieron altas durante el auge de la cepa delta del coronavirus. 

Las cárceles en 18 condados estaban por encima de su capacidad en agosto, según informes mensuales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte  (NCDHHS, por sus siglas en inglés.) Otros 24 condados estaban llenos en más del 80%, el estándar nacional para cuando las operaciones de la cárcel comienzan a ser tensas, según el Instituto Nacional de Correcciones, un programa federal dependiente del Departamento de Justicia. 

Los EE.UU. pone a la gente entre rejas a un ritmo más alto que cualquier otro país. Carolina del Norte tiene una tasa de encarcelamiento más baja que todos los demás estados del sureste, excepto Maryland, y es aproximadamente el promedio de la nación, según la tendencias de encarcelamiento del Instituto Vera para la Justicia (VIJ, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro de Nueva York.

Pero en comparación con el resto del mundo, las tasas de encarcelamiento en las cárceles de Carolina del Norte por sí solas son más altas que las tasas totales de la mayoría de los demás países. 

Esas tasas son calculadas como la cantidad de personas en las cárceles de los condados por cada 100,000 habitantes. Son más altas que las tasas totales de encarcelamiento para el Reino Unido o Francia, y aproximadamente el doble que las de Canadá o Bélgica, según el informe sobre el estado de encarcelamiento del Prison Policy Initiative.

No todos en el estado comparten esta carga equitativamente.

Carolina del Norte encarcela a la gente negra en más de tres veces la tasa que a la gente blanca, y a la gente indigena americana a más del doble de la tasa de los blancos, según datos federales compilados por el VIJ.

El Grupo de Trabajo para la Equidad Racial en la Justicia Penal de Carolina del Norte ​​(N.C. Task Force for Racial Equity in Criminal Justice en inglés), que el gobernador Roy Cooper estableció en respuesta a las protestas por los asesinatos policiales de George Floyd y Breonna Taylor en 2020, encontró que las “estadísticas que ilustran la inequidad racial en la justicia penal son asombrosas.”

“El sistema de justicia penal de Carolina del Norte está afligido por un racismo sistémico duradero”, dice el informe. “Es omnipresente y erróneo y debe remediarse”. 

Ser encarcelado puede resultar traumatizante. Kristie Puckett-Williams, una cabildera de reforma de la justicia penal para la sede estatal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), dijo que tuvo que enfrentar los impactos de la pobreza y la violencia por su cuenta cuando fue encarcelada.

Puckett-Williams dijo que en lugar de ayudarla, el objetivo de encarcelarla “era silenciarme y hacerme desaparecer de mi comunidad” y llamó a las cárceles “un almacén de problemas que no se quieren tratar”. 

La forma en que se trata a las personas en las cárceles cambiará la forma en que piensan de sí mismos en los próximos años, dijo Puckett-Williams. Estuvo embarazada durante en la cárcel una vez y estaba asombrada por el poco tratamiento médico o la consideración básica que recibió del personal de la cárcel, dijo.

“No les importaba”, dijo Puckett-Williams. “Y nunca lo olvidé”. 

La falta de tratamiento puede resultar especialmente perjudicial para poblaciones particulares. La mayoría de las más de 16.000 personas encarceladas en un día determinado son detenidas antes de su juicio, y muchas tienen discapacidades, según Disability Rights North Carolina (DRNC). 

DRNC es una organización sin fines de lucro que aboga por el bienestar de las personas con discapacidades y que recibe privilegios especiales de acceso por parte de ley federal. Un informe de 2020 de la organización dijo que las altas tasas de suicidios eran el resultado de las malas condiciones carcelarias.

“Están en peligro por condiciones inseguras y la falta de atención médica para discapacidades de salud mental y trastornos por uso de sustancias”, según el informe de DRNC de 2020 sobre el suicidio en las cárceles de Carolina del Norte. “Estadísticamente, al ingresar a la cárcel, una persona tiene veinticinco veces más probabilidades de morir por suicidio”. 

El análisis de costos de las reformas carcelarias 

Un costo financiero acompaña al costo humano del encarcelamiento. En los últimos 20 años, los condados de Carolina del Norte gastaron aproximadamente $1.4 mil millones en la construcción y mantenimiento de cárceles, según datos de la oficina del tesorero del estado. 

Todavía deben $455 millones por la construcción de ellas, con más cárceles por venir. Es probable que los condados hayan gastado 10 veces esa cantidad en personal y en administrar las cárceles, según Patrice Roesler, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Carolina Norte (UNC).

Su investigación utilizó la proporción de 1 a 10 al respecto de esos gastos. Esa proporción es comúnmente mencionada por los investigadores y administradores de cárceles. 

Como en todo el país, los condados de Carolina del Norte están experimentando una divergencia en sus sistemas de justicia locales en años recientes. Algunos condados principalmente urbanos o suburbanos, están experimentando con reformas que mantienen a más personas fuera de las cárceles, mientras que el resto de los condados, en su mayoría rurales, están encarcelando a más.

Una reforma por encima de todo que ayudaría al estado a vaciar sus cárceles es dimensionar correctamente el código penal, según Jessica Smith, profesora de derecho público y gobierno en la Escuela de Gobierno de la UNC y directora del Laboratorio de Innovación de Justicia Penal (CJIL, por sus siglas en inglés.)

“Si lee el periódico o mira las noticias de la noche, uno pensaría que el sistema de tribunales penales está lleno de asaltos violentos, asesinatos y violaciones”, dijo Smith. “Pero no es así”.

La gran mayoría de los cargos son por delitos menores, dijo Smith, y la gran mayoría de ellos son delitos no violentos por los cuales es poco probable que sean sentenciados a la cárcel. Sin embargo, los presuntos delincuentes son detenidos antes de sus juicios por estos cargos menores. También son encarcelados si faltan a una cita en la corte. 

Frecuentemente, “muchos acusados ​​de delitos menores permanecen en la cárcel por períodos que exceden la sentencia que podrían recibir si son condenados, y muchos se declaran culpables solo para que puedan ser liberados”, según un informe preparado para la Comisión de Administración de la Ley y Justicia de Carolina del Norte (NCCALJ, por sus siglas en inglés.)

En lugar de emprender acciones penales por delitos menores, el estado podría clasificarlos como infracciones que reciben solo una multa, en vez de ser clasificados como delitos. El cambio le ahorraría al estado mucho dinero sin dañar la seguridad pública, escribió Smith en un informe de 2015 sobre la recodificación del código penal. 

La asamblea general de Carolina del Norte se reúne en el edificio legislativo estatal en Raleigh, vista aquí en febrero de 2018. Frank Taylor / Carolina Public Press

Los legisladores estatales han mostrado interés por este planteamiento.

La legislatura aprobó un importante proyecto de ley general de reforma de la justicia penal a principios de este año con una votación casi unánime. Incluyó una disposición para crear un grupo de trabajo legislativo para estudiar y sugerir cambios al código penal del estado. 

“Examinar de cerca ese tema es probablemente la forma más importante en la que va a afectar la red de justicia penal y las consecuencias posteriores, incluido el encarcelamiento en la cárcel”, dijo Smith.

Desafiando la idea de la libertad, a un precio  

Además de las detenciones previas al juicio y el encarcelamiento por no comparecer ante el tribunal, algunas personas son encarceladas por no poder pagar sus fianzas. 

Cuando la policía arresta a las personas, los agentes llevan a cada sospechoso frente a un magistrado. El magistrado analiza sus cargos, usa las pautas de fianza y decide cuáles condiciones deben cumplirse para que esa persona salga de la cárcel. 

A pesar de la preferencia en la ley de Carolina del Norte de liberar a las personas antes del juicio sin requerir alguna forma de pago, la ley también otorga a los funcionarios judiciales una amplia discreción para decidir qué condiciones establecen. 

El resultado es que el 95% de las personas encarceladas en Carolina del Norte están retenidas con bonos monetarios. La incapacidad de pagar tiene efectos posteriores mayores en la seguridad pública, en los resultados de los casos y los costos para los contribuyentes, y perjudica a la persona que no puede pagar la fianza, dijo Smith. 

“Si soy madre soltera y me arrestan por robar $10 en gasolina porque no tengo dinero para pagar la gasolina a fin de mes, y termino en la cárcel y no puedo pagar mi bono de $200, mis hijos van a recibir atención de servicios sociales”, dijo Smith. 

“Bueno, ese es el costo para el condado allí mismo. Y puedo perder mi trabajo si no puedo llegar a mi próximo turno en el restaurante o donde sea que trabaje. Entonces, ahora estoy recibiendo asistencia pública. Entonces, ese es otro costo para el condado”. 

Los costos de la detención innecesaria se acumulan, dijo Smith. Las personas detenidas antes del juicio por delitos menores son más probables de cometer más delitos graves o menores cuando son liberadas, dijo Smith, y otros datos muestran que las personas detenidas antes del juicio tienen más probabilidades de ser condenadas.

La reforma de la fianza y la liberación previa al juicio tienen un beneficio para todos, dijo Smith. 

Para las personas interesadas en la justicia racial, esto limita el número de personas negras y pobres encarceladas. Para las personas interesadas en un gobierno fiscalmente responsable, la reforma de la fianza y la liberación estratégica previa al juicio ahorran dinero a los contribuyentes de los costos reducidos de la cárcel y las consecuencias indirectas del encarcelamiento. 

Un número creciente de condados está cambiando sus políticas de fianza. Pero casi todos se encuentran en las principales áreas metropolitanas. 

El centro de detención del condado de Durham en el centro de Durham. Jordan Wilkie / Carolina Public Press

Durham, Forsyth, Mecklenburg, Orange y Wake son condados que han cambiado sus políticas para favorecer una mayor liberación antes del juicio y limitar los bonos monetarios.

Mecklenburg fue el primer condado del estado en implementar una reforma generalizada en 2014. Por haber evitado la construcción de una cárcel nueva, este condado redujo su población carcelaria aproximadamente a la mitad, con estudios que muestran que el condado ahorró dinero y no tuvo efectos adversos en la seguridad pública. 

Haywood y Jackson, condados más pequeños y rurales, son parte de un programa piloto que se ejecuta en asociación con el programa de Smith en la UNC. Aunque los datos difieren para cada proyecto, cada uno muestra los condados que tienen menos personas en la cárcel. 

Los funcionarios judiciales locales no necesitan que el estado cambie la ley para establecer bonos más bajos o crear condiciones que liberen a más personas por su cuenta. 

En cambio, al usar evaluaciones de seguridad pública, pueden liberar a personas que no son un peligro para los demás y asegurarse de que las personas no estén en la cárcel simplemente porque no pueden pagar una fianza monetaria, como lo ha hecho Mecklenburg. 

Este enfoque requiere coordinación entre jueces, magistrados, fiscales de distrito y alguaciles, según el fiscal de distrito de Mecklenburg, Spencer Merriweather III.  

“Todos tienen sus propios intereses que ponen sobre la mesa dentro de un sistema judicial …”, dijo Merriweather. “Es necesario que todos entiendan que trabajan en un sistema interdependiente”. 

La reforma de la fianza se ha convertido en un grito de guerra nacional y un punto focal para las reformas de la justicia penal. Esto es debido tanto por su impacto desproporcionado en la gente negra como por la realidad de que muchas personas están en la cárcel por delitos menores simplemente porque no pudieron pagar por su libertad.

Southerners on New Ground, una organización de defensa de los derechos civiles con sede en Atlanta, coordina una rama del sur de un fondo nacional de fianzas para ayudar a las madres afroamericanas a salir de la cárcel. Dentro del estado, NC Community Bail Fund of Durham y Orange Bail Bond Justice Project ayudan a las personas a pagar su liberación de la cárcel. 

Pero la reforma de la fianza es una parte de un sistema legal penal complejo en cual hasta los cambios aparentemente pequeños pueden tener impactos mayores en el encarcelamiento. 

Smith, junto con la Escuela de Gobierno de la UNC y Pew Charitable Trusts, lanzaron un nuevo proyecto en julio para estudiar cuándo y por qué las personas no se presentan a sus citas en la corte, y qué pueden hacer los condados para mantener a las personas fuera de la cárcel y evitar que se atasque el sistema de la corte.

Sus esfuerzos se añadirán al trabajo que ya se está haciendo en lugares como el condado de Haywood, que acaba de aprobar fondos para un nuevo puesto para ayudar a las personas a asistir a las citas en la corte. Los jueces de este condado emitieron 2,270 cargos por falta de comparecencia durante el año fiscal 2021. 

El condado de Orange usa un sistema que envía mensajes de texto recordatorios a las personas sobre sus citas en la corte y les da la oportunidad de explicar por qué no asistieron a la audiencia sin ser castigados, siempre que se trate de un problema por primera vez. 

“Estos no son casos en los que los fiscales del distrito disfrutaron de enjuiciar, o que nuestro sheriff pensó que deberían ser encarcelados por razones de seguridad pública”, dijo Caitlin Fenhagen, directora del Departamento de Recursos de Justicia Criminal de Orange.

Una red de reformas posibles

Investigadores legales como Smith, defensores de la justicia racial y partidarios de mejores servicios sociales se unen en torno a la reforma de la justicia penal. 

Los activistas en el condado de Haywood, por ejemplo, se oponen a los esfuerzos para expandir su cárcel. Están presionando para que el condado invierta los más de $20 millones que costaría una cárcel para conseguir más consejeros en las escuelas o crear viviendas asequibles en su condado en crecimiento. 

La Coalición de Reducción de Daños de Carolina del Norte (NCHRC, por sus siglas en inglés) está trabajando con 10 agencias policiales para conectar a las personas con programas de tratamiento de drogas en lugar de arrestarlas, según Melissia Larson, gerente de programas de fuerzas policiales de esta coalición. 

Los condados de Orange y Surry tienen sus propios programas de desvío de arrestos financiados a través de fuentes externas.

Orange dedica la parte del dinero de los impuestos de Control de Bebidas Alcohólicas del condado para administrar su departamento de recursos de justicia criminal, mientras que Surry usa subvenciones y el dinero que vendrá de la solución legal de opioides para financiar su departamento de recuperación por abuso de sustancias.

Smith trabaja con cuatro condados para poner a prueba políticas de citación y liberación para mantener a las personas con cargos de bajo nivel fuera de las cárceles. 

Cambiar la forma en que los condados y el estado piensan sobre la justicia penal y de lo que es mejor para el bienestar de una comunidad es un tema difícil, dijo Smith. 

La cantidad de gente encarcelada es una opción, que tiene costos humanos y financieros en gran medida.

“Todo se trata de cómo una comunidad decide cómo quiere gastar sus recursos limitados”, él dijo.

Jordan Wilkie

Jordan Wilkie is a Report for America corps member and is the lead contributing reporter covering election integrity, open government, and civil liberties for Carolina Public Press. Email jwilkie@carolinapublicpress.org to contact him.