Traducción por Aarón Sánchez-Guerra
Unos 5,000 niños en toda Carolina del Norte ingresan al aviso de las agencias de servicios sociales cada año, pero enfrentan resultados drásticamente diferentes dependiendo de dónde vivan.
En algunos condados es posible que los niños que deberían ser atendidos por trabajadores sociales no reciban ningún aviso de ellos. Por otra parte, los trabajadores sociales de otros condados sacan a los niños de sus hogares a tasas mucho más altas que el promedio estatal.
Un análisis de Carolina Public Press de la información de los 100 condados durante una década muestra que algunos condados quitan a los niños de los hogares a tasas mucho más altas que el promedio estatal, mientras que otros condados rara vez quitan a un niño de los hogares.
Sin duda, los trabajadores sociales enfrentan un acto de equilibrio entre el interés superior del niño para vivir una vida libre de abuso y negligencia que encuentra en su hogar. Pero también tienen el deseo de mantener unidas a las familias. Cuando ese equilibrio de intereses cambia y el niño está en peligro, se supone que los trabajadores sociales deben saber si intervenir de inmediato o cuándo brindar ayuda a los padres con dificultades, así como cuándo deben dejar a una familia en paz.
Los extremos observados en los datos de cada condado sugieren que si un niño permanece con sus padres puede tener menos que ver con las circunstancias individuales de un caso y más con la forma en que un departamento de servicios sociales interpreta y aplica las regulaciones.
El traslado ilegal
Para las familias que viven en la pobreza, no se necesita mucho para empujarlas a una crisis. Para el señor Brian Hogan, ese evento fue el ataque cardíaco de su esposa en abril de 2016, unos meses después de que Hogan recuperara la custodia legal permanente de su hija de 10 años de manos de un juez del Tribunal de Distrito del condado de Cherokee en el oeste del estado.
Hogan manejó a Asheville para pasar con su esposa lo que pensó que podrían ser los momentos finales de ella y dejó a su hija al cuidado de un vecino: los padres de su mejor amiga. Esos momentos en el hospital se extendieron a días, luego a semanas. Después de que los trabajadores del Departamento de Servicios Sociales (DSS) del condado de Cherokee dijeron que ya no querían que su hija viviera con el vecino, él cedió la custodia temporal de su hija a su padre.
Eso fue una opción falsa. Hogan no tenía otro lugar a donde enviarla, testificó después en la corte.
Hogan testificó que su padre le dijo que su esposa hospitalizada era una “drogadicta” y le dijo a Hogan que era “un padre inútil” que “no debería haber tenido hijos”.
Cuando la esposa de Hogan salió del hospital, él estaba sin trabajo y casi no tenía nada. Habían sacado sus pertenencias cuando no podía pagar su renta, y luchó por amueblar su nuevo hogar para prepararlo para el regreso de su hija.
Ese otoño, los trabajadores del DSS del condado de Cherokee le pidieron a Hogan y a su padre que firmaran otro documento. Aunque estaba formateado para darle la ilusión de autoridad, ningún juez estuvo presente cuando lo firmó. No estuvo representado por un abogado, ni tampoco su hija.
Más tarde, varios trabajadores sociales testificaron que el entonces abogado del DSS les dijo que usaran los documentos para docenas de traslados de niños, incluido el traslado de la hija de Hogan de su cuidado.
El Acuerdo de custodia y visitas (CVA, por sus siglas en inglés) fue posteriormente declarado ilegal y producto de un fraude.
Los trabajadores sociales declararon que hicieron que los padres firmaran los documentos CVA para “casos estancados” o para casos en los que los trabajadores sociales pensaban que los niños estarían más seguros en otro hogar, pero es posible que no prevalezcan en el tribunal para que un juez los quite.
Hogan dijo que temía que el estado se llevara a su hija y que nunca la volvería a ver si no firmaba el papel.
Una vez que se descubrió la treta del DSS más de un año después, Hogan recuperó a su hija, pero el trauma de la separación persiste tanto para el padre como para la hija. Hogan está atormentado por la culpa.
“Se culpó a sí mismo,” el psiquiatra forense Dr. Matthew Gaskins testificó en el tribunal. “Si hubiera sido más inteligente, habría podido detenerlo”.
Otro psiquiatra forense, el Dr. Jesse Raley, testificó que la niña, ahora de 14 años, le dijo que se sentía inestable después de moverse.
“’¿Por qué preocuparse por alguien si me iban a trasladar de mi hogar de nuevo?’”, testificó él de lo que ella le dijo. “‘¿Por qué conectarse emocionalmente porque todo podría desaparecer?'”
Por todas partes
Si bien los funcionarios estatales dicen que el condado de Cherokee fue una aberración, porque los CVA no se han originado en ningún otro condado hasta ahora, existe una gran variación en la frecuencia con la que los trabajadores sociales llevan a los niños de hogares dependiendo del lugar donde vivan.
Esto por sí solo no significa necesariamente que alguno de estos condados estuviera haciendo algo impropio. Cada condado y las familias que viven allí tienen circunstancias diferentes. Pero dada la autonomía y la latitud que tienen los condados de Carolina del Norte para promulgar políticas sin que el estado pueda responsabilizarlos de manera significativa, podría sugerir una postura de traslados agresivos de niños en algunos condados, pero una extrema renuencia a intervenir en otros de parte del DSS.
Ambos extremos tienen el potencial de generar resultados negativos para los niños afectados, así como para sus familias.
Carolina Public Press examinó los datos de los informes hechos sobre la colocación de niños después de que los trabajadores sociales investigaron inicialmente sus hogares y compararon la cantidad de remociones de niños con la cantidad de niños que viven en cada condado según las cifras del censo de EE. UU.
Durante la última década, la tasa de remoción de niños en todo el estado ha variado poco de un año a otro. A medida que algunas áreas del estado luchaban contra la adicción a los opioides, los trabajadores sociales sacaron a más niños de sus hogares. Los factores económicos que pueden crear tensiones en los hogares también han sido más agudos en diferentes lugares y en diferentes momentos.
Aun así, el análisis muestra una marcada discrepancia en todo el estado. Para 2015, por ejemplo, por cada 100,000 niños que viven en Carolina del Norte, 222 fueron sacados de sus hogares.
En el condado de Buncombe ese año, la tasa fue 1,75 veces la cifra del estado, alta aunque no entre las más altas.
Rebecca Smith, directora de trabajo social del departamento de salud del condado de Buncombe, dijo que la epidemia de opioides estaba en plena vigencia ese año.
“Creo que nuestro enfoque inicial de esa crisis quizás no fue el mejor enfoque, ya que fue una forma bastante punitiva de manejar la situación”, dijo Smith.
Si bien los trabajadores sociales del condado de Buncombe pueden haber tomado hijos de padres que abusaron de las drogas, el enfoque actual está más centrado en la familia, dijo.
“Estamos tratando a los padres”, dijo Smith. “Estamos preguntando a los padres sobre su experiencia vivida que los llevó a este momento. Les preguntamos sobre traumas pasados y su historia. Estamos adoptando un enfoque basado en el trauma”.
Los trabajadores sociales emparejan a padres que necesitan ayuda con asesoramiento y tratamiento para la adicción a las drogas. Hasta ahora, dijo que está funcionando.
“El cuidado de crianza no es ideal para ningún niño”, dijo Smith.
En 2015, la tasa de traslados del condado de Cherokee fue más de 4 1/2 veces la tasa del estado, pero también tiene una población de niños mucho menor. Ese año, el censo informó que casi 4.800 niños vivían en el condado del extremo oeste, y los datos estatales muestran que los trabajadores sociales sacaron a 49 de ellos de sus hogares después de una evaluación inicial.
Por otra parte, donde los condados eliminan a muy pocos niños también puede ser una señal de alerta. Los condados de Chowan, Gates y Perquimans sacaron a cero niños de sus hogares en 2015.
De hecho, de los últimos 10 años completos de datos, el condado de Gates sacó a niños de sus hogares cinco veces. En seis de esos años, los trabajadores sociales no eliminaron a ninguno.
“Eso significa que alguien no está haciendo su trabajo”, dijo David Wijewickrama, un abogado en el oeste de Carolina del Norte. “Arriesgaría mi licencia de abogado para poder decir que un niño ha sido abusado, descuidado, dependiente y alguien eligió no presentar una petición para proteger a ese niño”.
Los funcionarios del DSS del condado de Gates no respondieron las solicitudes de comentarios.
El condado de Wake también elimina a los niños con mucha menos frecuencia en comparación con el estado, 0.2 veces la tasa del estado para el año fiscal que comienza a mediados de 2019.
Paige Rosemond, directora de la división de bienestar infantil del condado de Wake, dijo que en parte se debe a que menos personas informan sobre sus preocupaciones sobre los niños, especialmente contra los padres blancos o anglos.
“A menudo se asocia con la pobreza: el 85% de los informes que recibimos están relacionados con la pobreza y la negligencia”, dijo Rosemond. “Esto también puede incluir no solo poder satisfacer las necesidades de su hijo, sino también el uso de sustancias y la exposición a la violencia doméstica”.
Su oficina está examinando por qué los informes de los profesionales (informantes obligatorios, como las fuerzas del orden, el personal médico y los educadores) informan desproporcionadamente menos a la gente blanca.
Inconsistencia e inequidad en todo el estado
Al igual que las agencias en los otros 99 condados del estado, el DSS de Cherokee se encargó de determinar los mejores intereses de los niños mediante la aplicación de pautas federales y estatales, supervisadas en Carolina del Norte por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) del estado.
Pero las agencias interpretan libremente esas pautas de diferentes maneras, y el DHHS tiene una supervisión limitada y una autoridad mínima para hacer cumplir las políticas. La agencia estatal ha luchado para corregir los abusos cuando ocurren.
Décadas de evaluaciones del sistema de protección infantil supervisado por el estado pero administrado por el condado muestran un problema endémico con la capacitación y el pago de los trabajadores sociales, con amplias discrepancias de un condado a otro. Esto significa que algunos condados pobres o aislados tienen altas tasas de rotación para un trabajo que requiere una licenciatura y al menos un mes de capacitación sobre políticas y procedimientos en su comienzo.
Incluso ya en 2003, la oficina de personal estatal de Carolina del Norte notó grandes discrepancias entre los salarios de los trabajadores sociales. Una encuesta estatal de departamentos de servicios sociales a nivel de condado mostró una tasa de vacantes en todo el estado para puestos de bienestar infantil del 31%. Casi 3 de cada 4 trabajadores en todo el estado tenían cinco años o menos de experiencia en su ámbito.
Esa desigualdad salarial y experiencia coloca a algunos condados en desventaja para contratar y retener trabajadores sociales calificados, lo que se traduce en políticas que se desvían no solo de las pautas sino de la ley.
Un informe del año pasado de la División de Evaluación de Programas de la Asamblea General, ahora disuelta, encontró una aplicación inconsistente de las leyes estatales y federales por parte de los trabajadores de bienestar infantil en todo el estado. Casi 1 de cada 4 condados en todo el estado utiliza factores adicionales para decidir si se quita a un niño de una familia o cuándo responder a los informes de abuso, negligencia o dependencia.
Esto significa que los niños en circunstancias similares serán tratados de manera diferente según el lugar de Carolina del Norte en el que vivan.
Carolina del Norte se encuentra entre los nueve estados cuyo sistema depende de que cada condado administre la política estatal y federal. Aunque la mayoría de los estados tienen una oficina central con centros regionales que sirven a otras áreas del estado.
Revisiones periódicas
Debido a esta estructura, las oficinas locales ejercen mucho poder en comparación con el DHHS, que ofrece orientación y capacitación sobre las políticas. Los funcionarios estatales realizan revisiones de los departamentos de bienestar infantil aproximadamente cada 18 meses, que notan muchos de los mismos problemas todos los años.
Es posible que las agencias locales que reciben críticas negativas no tomen ninguna medida para abordar los problemas, pero el sistema no necesariamente favorece a aquellos que intentan resolverlos.
Los Servicios de Protección Infantil (CPS, por sus siglas en inglés) del condado de Transylvania fueron objeto de un informe mordaz del DHHS en julio de 2015. En ese momento, Tracy Jones acababa de asumir el cargo de directora del DSS. A las pocas semanas, Jones despidió a la directora del CPS, Renee Crocker. El despido se debió específicamente a la participación indebida de Crocker en un caso de custodia que afecta al novio de su hija.
Jones escribió en la carta de despido de Crocker que “se han presentado múltiples quejas y acusaciones contra usted, todas relacionadas con el uso de su puesto en el DSS del condado de Transilvania para influir en las decisiones judiciales en un caso de custodia privada que no está afiliado a nuestra agencia”.
Pero a pesar de estas preocupaciones y la terrible revisión del estado, los directores anteriores del DSS de Transylvania no le habían dado críticas negativas a Crocker.
Como resultado, Crocker apeló con éxito su despido. La Oficina de Audiencias Administrativas de Carolina del Norte concluyó que el despido de Crocker fue injustificado porque el condado no equilibró su contacto indebido con el juez con la totalidad de su mandato como empleada del condado, que comenzó en 1999.
El caso finalmente llegó al Tribunal de Apelaciones de Carolina del Norte, que confirmó la decisión más baja y dijo que Crocker tenía que ser reintegrado a su puesto original, al que regresó a principios de 2018.
![The Cherokee County Department of Social Services building in Murphy, N.C. on May 18, 2020. After an SBI investigation, A grand jury indicted several former DSS officials on Monday.[Frank Taylor/The Carolina Public Press]](https://lh5.googleusercontent.com/9HBLTnfq2-ox90qwjzfiORx88x9h_WGTXt130xsvj1RByg7z306YbKvBhMPQZ_FaDGJyhtkT_HmVlzT3qhERFwWKUZXCtz2dNsYTMKl5viW8Whd8KHBXQX_JaQsYKTRaK-XNy1c)
El Dept. de Salud asume el control
El propio DHHS tiene la autoridad para hacerse cargo de las oficinas que no cumplen con los estándares, aunque solo lo ha hecho una vez: el condado de Cherokee en 2018. Incluso entonces, el estado no pudo tomar el control total, con la agencia recontratando a su ex director en una función financiera, incluso cuando ella enfrentó un procesamiento en curso por su participación en actividades que los tribunales estatales y federales han calificado de ilegales.
Antes de eso, la agencia del condado tuvo años de auditorías que describían la falta de capacitación de los trabajadores, la gran cantidad de casos, las preocupaciones sobre la capacidad de supervisión, la documentación faltante, los registros de contacto falsificados y el incumplimiento de las metas de trabajar con las familias para reunir a los niños, según la revisión de la oficina del estado en 2017.
En diciembre de 2017, un juez del Tribunal de Distrito advirtió al estado que el condado de Cherokee estaba utilizando un documento llamado Acuerdo de custodia y visitas (CVA por sus siglas en inglés) para separar familias. El documento parecía un documento legal, pero no lo era.
En lugar de pasar por un juez, los trabajadores del DSS del condado de Cherokee obligaron a los padres a firmar documentos que, según dijeron, los separaban permanentemente de sus hijos.
Varios meses después de que el DHHS se enteró de la práctica, la situación se convirtió en el tema de un informe de The Associated Press. Solo entonces el DHHS envió un equipo de trabajadores al condado de Cherokee para hacerse cargo de las tareas de bienestar infantil, incluida la capacitación de los trabajadores sobre los procedimientos adecuados, durante siete meses.
Cuando el equipo estatal se instaló durante la primavera de 2018, se encontró con trabajadores que no cooperaban ni estaban capacitados. Cindy Palmer, directora de DSS a cargo cuando los trabajadores violaron las políticas estatales, recibió una licencia pagada. Después de varias semanas ella renunció, pero los funcionarios locales la volvieron a contratar de inmediato con una degradación, mientras que todos los demás en el poder habían sido despedidos o dimitidos.
Palmer regresó incluso cuando una investigación de la Oficina de Investigación del Estado se estaba llevando a cabo sobre posibles cargos criminales. El SBI envió a varios agentes a Murphy High School para entrevistar a más de una docena de padres durante al menos dos días.
Wayne Black, ex director de la División de Servicios Sociales del DHHS, reconoció la atmósfera tensa en un correo electrónico a otros miembros del personal del DHHS.
“Esta puede ser una situación incómoda en las mejores circunstancias”, escribió Black. Llamó al regreso de Palmer a la oficina del DSS con el DHHS todavía a cargo del bienestar infantil como una “situación sin precedentes”. Los correos electrónicos alentaron a los trabajadores del DHHS a limitar su contacto con Palmer a menos que estuviera directamente relacionado con su trabajo.
Días después de que el exdirector regresara a la oficina, se puso en marcha una operación de eliminación masiva sin precedentes, en la que el DSS del condado de Cherokee pagó miles de dólares, aparentemente con prisa por hacer espacio en una sala de archivos que finalmente no tuvo ningún uso beneficioso.
Los funcionarios del DHHS ordenaron cerrar con llave los archivadores para los archivos activos de bienestar infantil y las cerraduras de todas las oficinas de los empleados. El papel de Palmer no requería que tuviera acceso a los archivos de bienestar infantil, escribió un trabajador del DHHS.
Poco después de que los trabajadores estatales se retiraran de la asignación en el condado de Cherokee, el condado contrató a una nueva directora: Amanda McGee, ex directora de bienestar infantil del condado de Rutherford.
“¡¡¡¡Esto es fantástico!!!!” escribió Michael Becketts, el entonces secretario adjunto de servicios humanos del estado, en respuesta a ese anuncio a otro trabajador estatal. “Realmente podemos movernos para salir de allí. ¿Cuándo empezará?
Becketts y el equipo de DHHS se fueron en octubre de 2018, dejando al departamento nuevamente bajo el control local completo.
Palmer, el ex abogado del DSS del condado de Cherokee y un ex supervisor de trabajo social han sido acusados de más de tres docenas de delitos graves y delitos menores por separar familias sin supervisión judicial.
En lo que puede ser el primero de muchos casos civiles, el mes pasado, un jurado federal dictaminó que la oficina del DSS del condado de Cherokee tenía una cultura y práctica que violaba los derechos constitucionales de los padres al no permitir que un abogado estuviera presente o que un juez firmara el traslado del niño. Los padres tienen derecho a representación legal incluso si no pueden pagarla, y los abogados no estaban presentes cuando los padres firmaron el documento.
El jurado otorgó a Hogan y su hija adolescente 4,6 millones de dólares.
“Este caso surgió debido a una tragedia, una tragedia de mala administración, incompetencia y, bueno, honestamente, un deseo de hacer las cosas a bajo precio”, dijo el abogado del demandante, Brandon Christian, después del veredicto.
“Y espero que el legado de este caso sea que los derechos constitucionales de las personas valgan más que eso”.
Las familias desesperadas
Las familias a menudo se ven devastadas por resultados indeseables en los casos de servicios de protección infantil. Esto puede suceder independientemente de si el caso se manejó correctamente. Pero los padres, abuelos y otros miembros de la familia preocupados por el bienestar de sus hijos pueden hacer todo lo posible para cambiar los resultados que consideran injustos.
Susan Vaughan cree que el DSS del condado de Dare manejó mal el caso de su nieto, quien fue destituido en 2013. Ella ha emprendido una pelea judicial prolongada. Ha perdido apelaciones en todos los niveles, incluida la más reciente ante la Corte de Apelaciones del Circuito de EE. UU.
Según Vaughan, se burlaron de ella cuando intentó contratar abogados para llevar su caso.
“He estado tratando de llamar a abogados, y siempre, ya sabes, lo siento, no podemos ayudarte”, dijo.
“La primera vez, la persona (del personal del abogado) se rió de mí, diciendo que no se puede demandar al estado…”, dijo.
“Entonces, sabía que eso no era cierto, pero ella literalmente me estaba menospreciando por preguntar”.
“Me dijeron que ningún abogado en el estado se haría cargo de DSS”, dijo. Un abogado con el que habló le dijo que “son como la mafia”, dijo.
Actualmente, Vaughan está apelando a la Corte Suprema de Estados Unidos. Infeliz con los asesores legales anteriores, se representa a sí misma. Hasta el momento, el tribunal no ha aceptado escuchar su caso, pero ella persiste en esperar un cambio en el resultado.
Mientras que algunos se libran de largas batallas en los tribunales, otras familias pueden ir más allá de lo que la ley estatal considera aceptable en sus propios intentos de proteger a sus hijos.
PHOTO CAPTION: Joanne McDowell con su hijo en 2012. Posteriormente ese mismo año, huyó de Carolina del Norte a Canadá con el niño. Sus afirmaciones de que estaba siendo abusado por su padre biológico fueron rechazadas por los trabajadores sociales y los tribunales de Carolina del Norte, pero aceptadas por los tribunales de Ontario. Foto cortesía de Joanne McDowell.
Joanne McDowell, una ex residente del condado de Henderson que ahora vive en Ontario, Canadá, es legalmente fugitiva de la justicia en Carolina del Norte.
A pesar de una denuncia que el pediatra de su hijo presentó contra el padre del niño, una investigación del DSS del condado de Buncombe encontró que la denuncia no tenía fundamento. McDowell cree que Buncombe manejó mal el caso después de ser entregado por Henderson.
McDowell intentó apelar esa decisión, pero no pudo persuadir a los tribunales de Carolina del Norte de que debían revisarse las nuevas pruebas del caso. En última instancia, se le ordenó que organizara nuevas visitas para su hijo con su padre, a quien, según ella, era abusivo, según los registros judiciales.
En lugar de permitir el contacto continuo con el padre, McDowell huyó con su hijo a su Canadá natal. Allí, los tribunales revisaron la evidencia adicional que los tribunales de Carolina del Norte no hicieron y fallaron a su favor.
Los tribunales de Carolina del Norte no han aceptado hasta ahora las conclusiones del tribunal canadiense. McDowell continúa una batalla legal para que el estado retire los cargos penales en su contra y anule la revisión original de las denuncias de abuso.
Escribió una declaración jurada apoyando la reciente destitución del fiscal de distrito del condado de Henderson. Gregory Newman, a quien culpa por amenazarla con enjuiciarla si regresaba a Carolina del Norte por lo que, según ella, fue un intento de proteger a su hijo huyendo.
Debido a su historial con los funcionarios del condado de Henderson, pidió que se transfiriera su caso penal a la oficina del Fiscal General de Carolina del Norte, Josh Stein. La semana pasada recibió noticias del fiscal de distrito en funciones en el condado de Henderson de que esta solicitud había sido concedida mientras continúa su lucha legal.
Posibles soluciones
El conocimiento de la ley y la política por parte de un trabajador es clave para la seguridad infantil. Decidir si se debe trasladar a un niño y cuándo hacerlo es complicado incluso para los trabajadores sociales experimentados.
La División de Evaluación de Programas de la legislatura recomendó una línea directa de respuesta rápida con personal experimentado en bienestar infantil para cuando los trabajadores del condado tengan preguntas.
El estado de Georgia también solía administrar el bienestar infantil como lo hace Carolina del Norte. Cada uno de sus 159 condados tenía su propio equivalente a una oficina del DSS. Sin embargo, recientemente se convirtió a un modelo más centralizado, lo que demuestra que es posible un cambio en un estado con una población similar a la de Carolina del Norte.
A menudo, el enfoque del DHHS hacia los condados es la igualdad, que incluye expectativas iguales en todo el estado, cuando en realidad los recursos son desiguales, dijo Rosemond del condado de Wake.
“Me gustaría ver que se dedicaran más recursos estatales a los condados pequeños y medianos para garantizar que las experiencias de nuestras familias, independientemente de dónde se encuentren geográficamente en el estado, sean más equitativas”, dijo Rosemond.
Eso podría significar que el estado paga más per cápita por las áreas rurales y económicamente desfavorecidas que las áreas urbanizadas que ya tienen una riqueza relativa de recursos.
“Entonces, el estado tiene un papel más importante para garantizar el acceso, un acceso más equitativo, al abordar las disparidades que sabemos que existen dentro de nuestro estado”, dijo Rosemond.
Aclaraciones: Una cita del Director de Salud y Servicios Humanos del Condado de Buncombe, Stoney Blevins, que apareció inicialmente en el artículo, fue sacada de contexto sin darse cuenta y ha sido eliminada. La redacción de este artículo sobre el caso de Joanne McDowell se ha revisado ligeramente para brindar mayor claridad.
Nota del editor: esta es la parte 1 de la serie de cuatro partes, “Protección de patchwork“. Las próximas entregas de esta semana examinarán la gama de políticas y resultados de servicios de protección infantil en todo el estado, problemas sistémicos que crean desafíos y posibles soluciones a estas preocupaciones. Este proyecto fue elaborado para la Beca de Datos 2020 del Centro Annenberg de Periodismo de Salud de la USC.
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